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Mientras existan reporteros que desayunen, almuercen y coman, el periodismo tiene que ser remunerado. La mínima exigencia para cualquier oficio o profesión (bien o mal pagado) es que la fuente de financiación sea legal. No obstante, en el caso del periodismo, la legalidad no es condición suficiente puesto que el objeto de nuestro trabajo es la libertad de expresión, nuestro desempeño depende de condiciones de autonomía.
El presupuesto de “nadie patea la lonchera” es el maná de las suspicacias. Si un medio pertenece a un grupo económico, los lectores asumirán que la información obedece a la protección de los intereses del mismo; si la publicidad proviene de productos de consumo o compañías, la cosa no cambia mucho. La pauta siempre dejará la sensación de “compromiso con el cliente”. Y lo hace: basta citar los actuales estragos —informativos, políticos, judiciales— por los “compromisos” con el Grupo Aval.
Pero la cima es la pauta estatal: la publicidad oficial puede afectar la vigilancia que el periodismo debe ejercer sobre quienes trabajan con los impuestos. De ahí la vulnerabilidad de muchos medios barriales y rurales.
Lo cierto es que la fórmula de financiación exclusiva con suscripciones —lo cual convierte a la ciudadanía, al interés público, en únicos jefes del periodista, como debe ser— no es suficiente para mantener un sistema informativo. Existen medios que sobreviven con suscriptores, pero suelen tener otras fuentes de ingreso como proyectos alternos, editoriales, pedagógicos, o el patrocinio de fundaciones.
¿Será posible esquivar tantas formas de coacción?
En 1998, la tarjeta de periodista fue derogada con una sentencia de la Corte Constitucional: Carlos Gaviria Díaz explicó el riesgo de entregar al Estado la potestad de elegir quién puede o no ejercer el periodismo. Por eso anuló la posibilidad de que el vigilado (el gobierno de turno) escoja quién lo vigile (el periodista).
Ramón Soto, director ejecutivo del Colegio Nacional de Periodistas, quien defiende la resurrección de la “credencial”, dijo en Mañanas Blu: “El periodismo no puede ser un oficio sin ninguna ayuda del Gobierno”. Cuando le solicité precisión sobre la “ayuda”, respondió: “En el gobierno de Misael Pastrana Borrero, el Estado colombiano le dio apartamentos a los periodistas (…)”. Y añadió: “Ahí es donde está la mentalidad profesional: si el Estado me da una casa sin cuota inicial, no va a afectar mi independencia para absolutamente nada”.
Al calor de esas declaraciones, ¡los políticos hacen fiesta!
La intervención de las gerencias de los medios en los contenidos, la candidez, el cinismo y el desinterés periodístico frente al conflicto que generan los “compromisos” están destruyendo nuestro único capital: la credibilidad.
Pauta Visible, de la Fundación para la Libertad de Prensa, es un ejercicio de vigilancia político y profesional, así como de generación de ciudadanías críticas. Al margen de si responde o no a la solicitud formal de rectificación de la FLIP, solo la Alcaldía de Medellín ha reaccionado a dichos informes. Ya fueron publicados, sin mayores explicaciones, los reportes de Bogotá y Barranquilla.
¿Dónde está el interés (periodístico, político, ciudadano) frente a este tipo de conflictos?
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