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El 18 de noviembre de 2000, en Suratá, Santander, 74 menores de edad del frente 44 de las Farc cayeron en combates con el ejército. Hacían parte de la columna móvil Arturo Ruiz, bajo el mando de Rogelio: de sus 362 guerrilleros, 150 no superaban los 18 años. Seis meses de marcha, desde la zona de distensión con destino al Magdalena Medio, culminaron en la Operación Berlín: un páramo le dio nombre al campo de batalla que se convirtió en la tumba de estos niños, víctimas del abandono del Estado, primero, y del reclutamiento forzado a manos de criminales, después.
Los menores capturados fueron trasladados a la Quinta Brigada del Ejército. En mayo de 2019, seis de ellos recordaron ante la Comisión de la Verdad que el Estado no tenía una ruta de atención: “Los militares decían que nosotros habíamos sido ‘rescatados’, pero hubo torturas para algunos capturados”, declaró una niña que había sido reclutada a los 12 años en Caquetá. 57 menores fueron judicializados y remitidos a correccionales y fundaciones capitalinas. “El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no tenía ni idea de cómo restituir los derechos, porque nunca había trabajado con adolescentes provenientes de la guerra”, aseguró una mujer que conoció el caso de cerca*.
En 2015, un juzgado de Bucaramanga condenó a Rodrigo Londoño, Iván Márquez y otros excomandantes de las Farc. No hubo condenas al Ejército.
La impunidad es la norma. A veces, los niños desertores o capturados son llevados a instalaciones castrenses y utilizados como informantes en operaciones militares.
La directora del ICBF, Lina Arbeláez, presentó ante la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tres denuncias por el reclutamiento forzado de niños. El documento busca reestablecer los derechos de 465 menores que se desvincularon de estos grupos ilegales entre 2016 y 2021, y que fueron atendidos por el ICBF. La segunda denuncia alude a 1.288 casos contra el Eln. La tercera nutre el macrocaso 007 de la JEP.
Aunque es loable y necesario que un organismo del Estado presente un informe como este, quedan dudas: ¿dónde estaba el ICBF antes de estos recientes reclutamientos forzados? ¿Cuántas décadas de aprendizaje sobre las dinámicas del reclutamiento infantil lleva Colombia sin que logre detener el ciclo? ¿Dónde estaba la oferta institucional para los niños más vulnerables? ¿Por qué reestablecer derechos en vez de satisfacerlos antes del ultraje y el despojo?
Los niños son población protegida por el derecho internacional humanitario. Su reclutamiento forzado antes de los 15 años está tipificado como crimen de guerra por la Corte Penal Internacional. Sus consecuencias son con frecuencia indelebles.
No se puede perder de vista que en el reclutamiento infantil el primer victimario es el Estado. Los niños de la guerra, los que han caído en combates y bombardeos, los desertores y capturados por la fuerza pública, y los que acechan entre la manigua no fueron reclutados en el norte de Bogotá ni en las lomas de El Poblado de Medellín: ¡son hijos de todas las formas posibles del abandono!
No deja de ser llamativo el proceder de organismos del Estado que “denuncian” públicamente a la manera de las oenegés: una suerte de fuego amigo… una sincera confesión de ineficiencia.
* Informe de Colombia en Transición.
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