Firmar “berracos”

Hace dos semanas, el banderazo de partida de la campaña de indignación se dio en La Alpujarra. Con planillas en mano, entre notas de reguetoneros, camisetas con el mapa departamental y la consigna “Antioquia Unida”, se celebró la “Firmatón”. Decenas de asistentes, en su mayoría funcionarios de la Gobernación y delegaciones de Alcaldías, se reunieron para entregar las primeras firmas que dejaban constancia de la molestia de muchos antioqueños por el nuevo mapa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi que determina que Belén de Bajirá le pertenece a Chocó.

A punta de etiquetas como #UnMillónDeGracias y #UrabáEsAntioquia y mensajes como “Defendemos pacíficamente el territorio”, “Unidad y dignidad” o “En la historia de Colombia no hay un proceso de participación igual”, la Gobernación de Antioquia sacó partido del sentimiento regionalista, tan paisa.

Ante un notario para “legitimar” las firmas, el vasallaje regional de todos los rincones del departamento llegó con pancartas de la campaña “Piensa en grande” y los papeles firmados.

Pero el problema supera el hecho de que desde la administración departamental se empeñen en hablarle al cavernícola que llevamos dentro, o que se valgan de funcionarios de instituciones oficiales (como la Empresa de Vivienda de Antioquia, Viva) o que le hagan propaganda al gobernador en cuentas oficiales de las redes sociales (“Una muestra de respaldo al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y su gestión”); el asunto es que estas firmas no tienen efectos prácticos. En la misma Registraduría reconocen que esta campaña no pasa de ser un golpe de opinión.

Estas firmas, como las que recogió el Centro Democrático el año pasado, no tienen ninguna consecuencia distinta a exacerbar los ánimos, generar un ambiente de insatisfacción. “Emberracar” a la gente, diría Juan Carlos Vélez, condenado al ostracismo por sus copartidarios.

La Registraduría no puede revisar ni una sola de esas firmas por dos razones: en primer lugar, no se trata de una consulta popular (artículo 40 de la Constitución), sino de un derecho de petición (artículo 23: el derecho de petición es una forma de acción ciudadana de acceso a la información); y segundo, los asuntos territoriales le competen al Poder Legislativo.

¿Cuándo aplica la voz de la gente en cuestiones territoriales?

Cuando dos departamentos quieren crear una región —figura considerada en la Constitución—, los ciudadanos pueden votar para respaldar o rechazar dicha unión.

La Registraduría revisa firmas a la luz de la Ley 1757 de 2015. Solo contempla mecanismos de participación ciudadana; por ejemplo, en su momento, revisó las planillas recogidas por las iniciativas de Gilma Jiménez o de Viviane Morales.

Sigue intacta la inveterada tradición política de apelar a la emoción, negar la posibilidad de considerar argumentos técnicos y revisar alternativas. Es el ejercicio de lo público “a la berraca”… tal y como le ha tocado luchar a la gente de Belén de Bajirá, cuando ni sabíamos de su existencia en el mapa.