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“Medellín sin capuchos” fue la campaña de un aspirante al Concejo de Medellín cuyo nombre se lo llevó el viento (y las urnas). En su cruzada mesiánica, fue expulsado de la plaza Barrientos de la Universidad de Antioquia (UdeA), por jóvenes que arengaban: “¡Con capucha y sin capucha, estudiantes en la lucha!”. El buscapleitos de Miguel Polo Polo entró al tropel en las redes sociales virtuales y tildó a la alma mater de “cloaca llena de terroristas urbanos que no van a estudiar sino a tirar piedra y adoctrinar a los promiparos (sic) en ideas «revolucionarias»”. (Con un semestre de “adoctrinamiento”, quizás el congresista lograría escribir un “trino” de corrido, sin errores).
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, no es el primero ni será el último en publicar una “lista” de la UdeA: “Personas que llevan muchos semestres y que, por alguna razón, no se gradúan”. Al estilo de Polo Polo —con mejor ortografía—, el exsenador y tutor del nuevo gobernador, José Obdulio Gaviria, apoyó a su pupilo y, de paso, puso en la mira a Max Yuri Gil, profesor del Instituto de Estudios Políticos.
Este tipo de perfilamientos públicos podrían encajar sin reparo en la libertad de opinión de no ser por la historia que precede a las universidades públicas en Colombia. En Voces vivas: Universidades, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, varios testimonios dan cuenta del resultado letal de la estigmatización en la UdeA.
Pero, entre todas las listas, ninguna se acerca a la del año 1987, cuando paramilitares asesinaron a 17 profesores y estudiantes, a líderes del Comité de Derechos Humanos y a activistas de la Unión Patriótica y la Juventud Comunista.
El equipo administrativo de la Facultad de Medicina esbozó la lista de compromisos éticos de la alma mater: “La Universidad no abandona a sus estudiantes por sus dificultades para el estudio, pero tampoco les regala. Los asiste para que superen sus dificultades y sean personas de bien, buenos ciudadanos y eficientes profesionales, como corresponde ética y jurídicamente a los mandatos que le exige una Constitución cuya entraña es propia del Estado social de derecho”.
La lista de mi alma mater es larga. La UdeA fue mi primera universidad: en los años 70, en edad preescolar, acompañé a mi mamá a clases en la Escuela Interamericana de Bibliotecología. En mi memoria permanecen los “jalonazos” de la mano de mi tía Beatriz Jiménez, profesora de Derecho, cuando había “pelotera”: gente que corre, gritos, piedras, más gente corriendo, vidrios rotos, sirenas, “¡Corré, pues, mi amor!”… En la UdeA fui estudiante matriculada en su oferta académica e “infiltrada” en las lecciones del maestro Juan José Hoyos. Tuve el honor de ser profesora de cátedra en sus aulas.
No se trata de negar realidades ni de “romantizar” la violencia en el campus universitario. Lo que se está ambientando es un clima de opinión adverso a la educación pública; el pronunciamiento de Rendón desvió la atención sobre la noticia de la política de gratuidad Puedo Estudiar, anunciada ese mismo día por el Ministerio de Educación.
No es desde el prejuicio, sino con ponderación: de las muchas listas de la UdeA, la que deberíamos estar discutiendo es la que podría transformar el futuro de la comunidad académica. La de tres candidatas y siete candidatos a la Rectoría.
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