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¡Qué porquería!
El Auto 159 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a versiones voluntarias a 26 exmiembros del Bloque Oriental dentro de la priorización del Caso 07 (“Reclutamiento y utilización de niñas/os en el conflicto armado”). De dos subcasos, Fuerza Pública y Farc-Ep, se concentró en el segundo.
18.677 niños/as víctimas de reclutamiento forzado, 8.987 a manos del Bloque Oriental. Meta y Antioquia, los departamentos más afectados.
Un 54 % son niños: 10.004. Equivale a reclutar diez veces a todos los alumnos del Gimnasio Moderno de Bogotá.
Un 22 % son niñas: 4.102. Es como si desaparecieran más de cuatro veces a todas las estudiantes del Colegio Marymount de Medellín.
¿Por qué lo hicieron? ¡Porque pudieron!
Partamos de un dato que el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, arrojó en Blu Radio: de 5.000 casos de reclutamiento infantil que estaban en manos de la Fiscalía, solo ha habido diez condenas.
Pueden repetir de memoria los Derechos del Niño, el Estatuto de Roma o los Principios de París. Pueden recitar la Ley 418 de 1997 (tipifica el delito de reclutamiento ilícito) o la 548 de 1999 (prohíbe el reclutamiento de menores en las Fuerzas Militares). Pueden gritar la 1098 de 2006 (previene el reclutamiento forzado): ¡permitieron que se los llevaran!
Y se los llevaron. Desaparecieron, asesinaron, torturaron. Sometieron a tratos crueles, humillantes, degradantes. Las obligaron a abortar. Convirtieron en esclavas sexuales.
Aunque desde 1971 existen registros mínimos de reclutamientos, fue en los 90 —cuando Pablo Escobar dejó las lecciones sobre “los beneficios” de arrancar jóvenes de sus entornos putrefactos— que se dio un crecimiento sostenido del reclutamiento. Por la alta incidencia, la JEP concentra sus esfuerzos entre el 1° de enero de 1996 y el 1° de diciembre de 2016.
En 2016, Juan Diego Restrepo visitó un campamento de las Farc en el Nudo de Paramillo, su guía fue una quinceañera del barrio Manrique de Medellín. Un amigo la llevó por la falta de oportunidades. Cuando la “ausencia del Estado” parece un lugar común para explicar delitos, surge la duda por el papel de los departamentos ricos, con “fuerte institucionalidad”: en 2013, en Antioquia hubo un crecimiento exponencial del reclutamiento, los casos se dispararon en un 753 % respecto a 2012. El Bloque Noroccidental (frentes 5, 18, 34, 36, 47 y 57) se paseaba como Pedro por su casa. Dice el director de Verdadabierta.com: “La JEP habla de cuatro picos muy interesantes, que corresponden a negociación con Pastrana (2000); fin de ese proceso, lo que implica un reacomodamiento de las Farc dado que hubo una alta confrontación durante el periodo de negociación (2002); en el caso del 2007 obedecería a otro reacomodamiento por efecto de la política de Seguridad Democrática, que también impactó las filas guerrilleras, y la vinculación masiva de 2013 ofrece lecturas múltiples, una de las cuales sería prepararse ante el fracaso de la negociación en La Habana; otra, que querían mostrarse fuertes y con mucha gente, y lo otro, que querían favorecer a jóvenes garantizándoles por la vía de la reincorporación un mejor futuro”.
Preocupa el subregistro de casos de indígenas, afrocolombianos y rom; tanto como ese 51 % de las víctimas que corresponde a familiares de menores de paradero desconocido.
¿Por qué instituciones como el ICBF continúan como meros observadores de esta barbarie? ¡Porque pueden!
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