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A partir del 20 de diciembre, los estudiantes que hayan cumplido los requisitos académicos para graduarse podrán exigir el diploma en su universidad sin necesidad de presentar la libreta militar.
Esta iniciativa de la representante a la Cámara Angélica Lozano es el primer paso para alcanzar un fin superior: abolir el servicio militar obligatorio en Colombia.
En el panorama global se debaten dos argumentos claves en contra del servicio militar obligatorio. El primero se mueve en el terreno de lo moral: en nombre de las libertades individuales, nadie debería ser presionado a ejercer un trabajo involuntario. En segunda instancia, están las críticas de orden económico, la presión que la manutención militar ejerce sobre las finanzas de la Nación. Según Gobierno Visible, en 2014 el Estado destinó su inversión más alta a “Defensa y Policía”: $27.744 billones.
Por otra parte, en Colombia el espectro de la objeción de conciencia es amplio.
Al margen de su credo y negación a portar y usar armas, un potencial recluta podría dudar sobre si pertenecer a un ejército como el colombiano, cuya politización ha sido evidenciada en varias oportunidades.
Asimismo, podría observar en retrospectiva la imagen del ejército a partir del auge del narcotráfico: cómo se han transformado sus funciones y, por tanto, sus actuaciones, desde que se dedicaba solo a defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial, hasta ahora.
Cualquier muchacho podría cuestionar las tensiones entre las fuerzas del ejército y la policía…
Pero, tal vez, en este momento histórico, la razón más poderosa para acabar con el servicio militar obligatorio recae en el proceso de paz: ¿Para qué reclutar en un país que busca la reconciliación? ¿Los mismos recursos económicos que han patrocinado el entrenamiento para la guerra no servirían para formar para la paz? ¿Cómo ven nuestros jóvenes el servicio militar de cara al posconficto? ¿Podemos redefinir la imagen del héroe-guerrero?
Tiene razón la representante Lozano: “Necesitamos a los jóvenes construyendo país, construyendo posconflicto, sirviéndoles a las instituciones y a los municipios, en un trabajo social y no militar”.
El posconflicto no se nubla únicamente por el fantasma del exterminio de la Unión Patriótica; también comporta una serie de retos que aún no alcanzamos a dilucidar desde las capitales: cómo consolidar los territorios a partir de su vocación productiva, qué estrategias adelantar para instruir a los habitantes para sacar adelante esas posibilidades, cómo diseñar y ejecutar la infraestructura necesaria para que dichos territorios progresen, de qué forma se protegerán los recursos naturales (por ejemplo: ¿qué va a pasar con esas selvas, actualmente impenetrables por acción de la guerrilla?). En suma: descentralizar la visión de la reconstrucción del país.
Abolir el servicio militar obligatorio sería un acto congruente con el discurso de la reconciliación, una decisión determinante para que los colombianos empecemos a entender de qué se trata vivir en una sociedad sin conflicto armado. Y eso nadie lo conoce… desde hace más de sesenta años.
*Ana Cristina Restrepo Jiménez
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