Justificándose

La primera intervención, a cargo de María Fernanda Campo, la presidente de la CCB, contenía un informe de su gestión que trascendía a lo que está haciendo la Cámara de Comercio por los empresarios en momentos de crisis como los que vivimos. Si bien la Presidente puso el toque al diálogo empresarios-Gobierno, las intervenciones del alcalde Moreno y del presidente Uribe —a excepción de la del gobernador de Cundinamarca que se refirió a las obras y proyectos para la competitividad— se tomaron una y dos horas respectivamente para repetir sus discursos poco centrados y muy dispersos para la ocasión.

Cada uno justificó su gobierno, cada uno respondió a las críticas. Como al Alcalde le critican su ineficiencia y falta de transparencia habló de sus programas sociales en salud y  educación, de las obras públicas en ejecución y mostró cómo se invierten en su administración los impuestos. En un escenario de empresarios nada dijo de la movilidad y particularmente del pico y placa, ni del metro y del aplazamiento en la entrega de los estudios, ni de la seguridad y los programas para reactivar la economía de Bogotá.

El Presidente se extendió como siempre para referirse, como si no se supiera de memoria, a la política de seguridad democrática y a sus realizaciones de gobierno; habló de sus programas e igualmente  trató de justificar y de explicar algunas de sus actuaciones. Primero se refirió a las obras públicas —tema en el que ha sido bastante cuestionado por la escasez de éstas en los últimos siete años— para listar todos y cada uno de los tramos de las distintas carreteras que se están desarrollando en el país. También se refirió a algunos  temas relacionados con los derechos humanos y la justicia, como los falsos positivos, que en muchos casos serían inventos  de la guerrilla, planteó una reforma al DAS para resolver los problemas endémicos y reiteró  la independencia de la justicia y del Poder Judicial en esta democracia perfecta. Por último, manifestó la necesidad de establecer nuevamente un impuesto de patrimonio para pagar la seguridad democrática en la que se excluyen aquellos que ya han pagado, es decir, aquellos que tienen un patrimonio por encima de los $3.000 millones, con lo cual nuevamente la clase media alta será la condenada a pagar.

Lo que no hizo el Presidente fue condenar los falsos positivos, o cuestionar las ‘chuzadas’ del DAS sobre las que cada día hay más pruebas, como lo mostró la entrevista con el director de Inteligencia, Arsayús, o referirse al problema que él ha causado con los altos tribunales y asumir algún tipo de responsabilidad por los actos de sus agentes y subalternos. Todo indica así que entramos en una nueva etapa en la que los gobernantes sólo quieren justificar sus actuaciones a cualquier costo, sobre todo el de la verdad y de la honestidad.