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EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE Santos y la ministra de Educación han presentado una reforma a la ley 30 de 1992 que plantea cuatro puntos esenciales: promoción de la calidad y la investigación, aumento de recursos, educación pertinente en lo regional y competitiva en lo internacional y una gestión educativa basada en el buen gobierno.
La reforma busca un aumento de cobertura en educación superior del 37%, pues hoy sólo se atiende a 1’680.000 jóvenes, lo que significa que por fuera del sistema quedan 3’200.000. Se aspira a tener 2’200.000. Esta meta de incremento de la oferta debe estar acompañada de una mejor calidad, de tal manera que sea competitiva a nivel internacional e igualmente que la universidad rinda cuenta sobre su gestión.
El tema complejo está en la financiación, pues incluso si el Gobierno continuara aportando recursos para la universidad y la investigación y mantuviera créditos para infraestructura y para los estudiantes, son necesarios nuevos recursos. Los recursos del Estado son limitados y son muchas las necesidades, de ahí la importancia de la propuesta, que busca la complementariedad y llama a la corresponsabilidad del sector privado para que aporte recursos en busca de soluciones a las necesidades de nuestro país.
Y es que no debe haber un divorcio, lo privado puede apoyar lo público. En el mundo son numerosas las experiencias de la participación privada en proyectos de universidades públicas, lo que no implica privatización, simplemente se busca eficiencia en la gestión y un aumento de cobertura con innovación y calidad. Son muchas las formas en que se puede realizar esta asociación. Colfuturo ha sido una interesante experiencia de trabajo conjunto para financiar estudios en el extranjero, al igual que la tarea de Empresarios por la Educación para mejorar la calidad. O como han sido las grandes donaciones para edificios universitarios o fondos de becas o en el Icetex. Y es importante, como lo plantea la propuesta, que este tipo de aporte pueda incentivarse con exenciones tributarias.
Además de esta forma de participación pueden existir otras, como lo propone la ministra, al promover la inversión privada en educación superior no sólo en proyectos especiales, sino en instituciones educativas y tecnológicas, que permita aumentar la cobertura con calidad y que, a la vez, se rindan cuentas de su gestión. Adicionalmente, mayores recursos bancarios en créditos blandos para educación son necesarios. Y es claro que invertir en educación es rentable, no sólo económicamente, sino socialmente para construir un mejor país.
El otro frente que tendrá la ministra es la oposición de la universidad pública, que cree que la reforma es un comienzo de privatización y que hay improvisación en la ley, como dice el rector de la Nacional. Pero de lo que se trata es de definir otro modelo de Estado, que permita resolver las necesidades de toda la población y no privilegiar a unos pocos. Necesitamos más educación y más oportunidades para nuestros jóvenes.