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Entre los legados que dejó el siglo XX, se recuerdan con frecuencia los hechos más violentos como las dos guerras mundiales y aquellas con las cuales se cerró la década de los 90 en Ruanda y la Ex Yugoslavia.
Sin embargo, también es oportuno recordar con la misma importancia, aquellas medidas que se tomaron para procurar que hechos semejantes no se repitieran y evitar su impunidad.
Una de esas medidas se tomó en 1998 cuando se celebró en Roma la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional (CPI) que, entre otros objetivos, buscaba precisamente que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional quedaran sometidos a la acción de la justicia. Fue así como se adoptó el llamado Estatuto de Roma mediante el cual se creó la CPI, que entró a funcionar el 1° de julio de 2002, tras la ratificación del Estatuto por parte de 60 países. Próximos al décimo aniversario de su funcionamiento no está de más recordarla.
La CPI surgió como una esperanza en la lucha mundial contra la impunidad, poco a poco fueron más naciones las que aceptaron su jurisdicción –hasta llegar a 120 en el momento– y fueron varios los casos en los cuales se abrió una investigación.
Sin embargo, diversas razones han llevado a la desilusión. Podría contarse que el mismo deseo de abarcar muchos casos llevó la imposibilidad económica y práctica de adelantar investigaciones con suficiencia; también podría afirmarse que la estrategia de la Fiscalía ha fracasado al orientar mal los objetivos, administrar mal los recursos y elegir trabajos académicos en lugar de aquellos que condujeran a resultados; e incluso, podría esgrimirse el hecho de que la Corte no cuente con el compromiso de potencias como Estados Unidos, Rusia o China que se han abstenido de firmar el Estatuto.
Al final, el resultado es desolador: en 10 años una sola sentencia –en el caso de Thomas Lubanga–, además incompleta, pues aún faltan por decidirse la pena y la reparación. Dos de los procesados más importantes fallecieron antes de terminar la causa. Las críticas por el recaudo de elementos probatorios no han cesado. Los problemas en el proceso se mantienen, hace poco tuvieron que revocar una orden de captura en una situación en el Congo (tal como sucedió al inicio del caso Lubanga, pero allí la Sala de Apelaciones confirmó la orden). Etc, etc, etc.
Pero surge una nueva esperanza, una segunda oportunidad para la Justicia internacional. Se vienen nuevas investigaciones más contundentes y hace poco se nombró una nueva Fiscal de origen africano que podría reorientar la fallida estrategia de su antecesor.
En fin, estos 10 años han implicado buenas prácticas y lecciones aprendidas que aún se está a tiempo de implementar y mejorar en aras de cumplir el sueño de un mundo más justo con menos criminales.
En Twitter: @andreasforer
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