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Si bien la justicia colombiana en los últimos años ha avanzado en el juzgamiento y castigo de las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido, y se cometen, en el país; es importante tener claro uno de los orígenes de ese avance.
Desde 2004 Colombia ha sido uno de los pocos países en el mundo en donde la Corte Penal Internacional ha puesto su mirada. Primero, con el inicio de un examen preliminar de la situación del país y luego en 2005, cuando dicho ejercicio determinó que en Colombia se estaban cometiendo crímenes de su competencia. Tal es el caso de los delitos cometidos por los grupos armados al margen de la ley, hoy competencia de la ley de Justicia y Paz; y de los crímenes del estado como los falsos positivos.
Hoy en día defensores de derechos humanos nacionales e internacionales ejercen presión sobre la CPI para que después de cinco años de estar en el examen preliminar pase a la apertura de una investigación formal en el caso colombiano; dado que a su modo de ver Colombia no cumple -o lo hace muy lentamente- con su deber de juzgar y castigar las graves violaciones a derechos humanos que allí se cometen y que son de competencia del organismo internacional.
Es por eso que para evitar la posible apertura de dicha investigación por parte de la CPI, el Estado Colombiano ha enfocado sus esfuerzos en demostrar a los defensores de derechos humanos y a la comunidad internacional en general, avances en materia de justicia como no otorgar amnistías para graves violaciones de derechos humanos, la apertura de investigaciones en esta materia; así como la aceptación del rol de la CPI en la lucha contra la impunidad en el país. Ejemplo de lo anterior es un folleto que promociona dichos avances y que circula en Internet y estratégicamente en La Haya, sede de la CPI.
Todo esto es bueno, pero para realmente impedir la apertura de esa investigación, el Estado Colombiano debería mostrar resultados reales y contundentes en materia de justicia como son investigar, juzgar y castigar a los culpables de homicidios contra indígenas, sindicalistas o civiles como es el caso de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.
Si lo anterior no sucede rápida y efectivamente, las palabras del Fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo, se cumplirán y Colombia pasaría a hacer parte del reducido grupo de países investigados por el organismo internacional, junto a estados como Sudan, la República Central Africana y el Congo, entre otros.
En este orden de ideas resulta fundamental preguntarse si Colombia seguirá tratando de remediar la problemática de la impunidad con “paños de agua tibia” o si por el contrario establecerá una estrategia para resolver el problema desde la raíz y no desde la perspectiva de mejorar su imagen.