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Colombia: En la sombra de la CPI

Andreas Forer
10 de junio de 2011 – 05:04 p. m.

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Los pasados 26 y 27 de mayo, se llevó a cabo una Conferencia en Londres acerca de Colombia y la Corte Penal Internacional (CPI), lo cual permite inferir, para empezar, al menos dos cosas: primero, que la preocupación internacional sobre lo que sucede en Colombia en materia de conflicto armado no ha cesado, y que por el contrario, se mantiene y podría afirmarse que crece.

En segundo lugar, el tema de la Corte Penal Internacional y el caso colombiano no es sólo coyuntural y a propósito de fechas conmemorativas de algún hecho, o de visitas de ese organismo al país, sino que es permanente en los escenarios académico y jurídico internacional.

Sobre el tema, según informan quienes asistieron, se tuvieron y, de hecho, se tienen, tres posturas principales: conforme la primera, el proceso colombiano de paz es un éxito y un ejemplo para el mundo, basta con mirar la experiencia de la CPI que sólo tiene 3 procesos en curso y ninguna sentencia, mientras que Colombia, en menos tiempo de funcionamiento de sus tribunales o funcionarios designados para el proceso de paz, ya cuenta con 2 condenados.

Así mismo, en punto de la reparación, no es tiempo de juzgar al país negativamente, pues otros países con problemas semejantes, han demorado décadas para reparar a las víctimas, como el caso de Alemania, o Chile y Argentina que después de dos décadas aún no han terminado el proceso de reparación. En síntesis, el país hace lo necesario para combatir la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas de manera que no hay lugar a intervención alguna de la CPI.

De acuerdo con la segunda postura, respaldada, por ejemplo, por ONG internacionales dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional, entre otras, el proceso de paz en Colombia ha fracasado, no ha arrojado los resultados que debería tras seis años de funcionamiento y, más allá de ello, en sí mismo, es un proceso establecido para garantizar la impunidad como lo demuestran las penas de 5 a 8 años previstas en la Ley de
Justicia y Paz para personas que han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, y además, ha sido confeccionado para evitar el juzgamiento de grandes protagonistas o patrocinadores del proyecto paramilitar en el país, y no cobija la investigación y sanción por crímenes de Estado. Así, de acuerdo con esta postura, la CPI debería abrir una investigación formal en Colombia.

Finalmente, la esperada postura de la CPI: Emeric Rogier, uno de los funcionarios de la Fiscalía de la CPI, intervino en el siguiente sentido: la Corte mantiene una observación preliminar sobre Colombia, pero eso no implica que haya abierto un proceso y, para que esto sea posible tienen que cumplirse los requisitos de jurisdicción, admisibilidad, complementariedad e interés de justicia, los cuales, en el caso colombiano no son suficientes para iniciar una investigación.

¿Por qué? Según Rogier, la Corte ha recibido 85 comunicaciones sobre la situación en Colombia, de manera que está informada sobre: la comisión de crímenes que son de su competencia; la comisión de crímenes sobre grupos específicos como defensores de Derechos Humanos, sindicalistas e indígenas; la continuidad en la comisión de esos crímenes por parte de los diferentes actores del conflicto. Sin embargo, estos hechos, referidos al primer criterio de jurisdicción, no son suficientes para iniciar una investigación, es preciso verificar la complementariedad, y en este punto la Corte encuentra que en Colombia sí se están adelantando procesos y no hay elementos para creer que no son debidos, o que son fachadas que pretenden proteger a los procesados o que las demoras son injustificadas, o que no haya independencia o imparcialidad en los mismos.

En suma, para la CPI el proceso de paz no es óptimo, tiene falencias, hay preocupaciones sobre los casos de los extraditados, se necesitan reformas en el Proceso de Justicia y Paz, pero, esos son motivos para mantener la observación preliminar sobre el país y no para abrir una investigación.

Si bien, el debate sigue abierto, la posición de la CPI es un respaldo para quienes apoyamos críticamente la implementación de la Ley de Justicia y Paz y para todos los intervinientes e involucrados en ese proceso. Adicionalmente, es un llamado para que, los errores cometidos hasta ahora, no se repitan, las recomendaciones se apliquen, las estrategias varíen y se logren los resultados que permitan convertir la sombra de la CPI, en una luz que impulse el logro de verdad, de justicia y de reparación para las víctimas en Colombia.

En Twitter: @andreasforer

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