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La sombra de la Corte Penal Internacional (CPI) no ha dejado de acechar países que se encuentran en situaciones de comisión de crímenes internacionales, o apenas las han superado.
Colombia es uno de aquellos que continúa bajo investigación preliminar de la Corte, razón por la cual, es afortunado, como se ha hecho en columnas anteriores, seguir la pista de su actuar, que últimamente ha estado bastante movido con ocasión de una serie de hechos que ocupan la atención mundial.
En primer lugar, se tiene el segundo caso terminado en la jurisdicción de la CPI: se trata de la causa contra el ya famoso Muammar Gaddafi, ex presidente de Libia, fallecido el pasado 20 de octubre de 2011. Tras su muerte, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, profirió la semana pasada decisión en el sentido de terminar el caso, en consideración a que el propósito del procedimiento es determinar la responsabilidad individual de una persona y que la jurisdicción de la Corte no puede ser ejercida sobre personas fallecidas.
Con esa decisión, el caso Gaddafi se suma al del ugandés Raska Lukwiya, quien también murió antes que se le dictara sentencia, de manera que son dos las causas que han llegado a fin en la CPI y, curiosamente, por el mismo motivo y con la misma consecuencia: la muerte de los procesados y el hecho que, a pesar de sus 9 años de existencia, aún no hay una sola sentencia proferida por ese tribunal.
En segundo lugar, se cuenta con la confusión que ha generado la captura de Gaddafi-hijo (Saif al-Islam), quien fue capturado la semana pasada en la frontera de ese país con Níger, hecho que ha suscitado un interesante debate sobre la competencia de las autoridades internas de Libia para procesarlo, pues sobre él recae orden de captura proferida por la CPI desde junio de este año por los crímenes de asesinato y persecución (ambos, crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de la CPI).
La discusión se centra en el hecho que, la CPI había abierto investigación y, como se sabe, proferido orden de captura, pero, el arresto se hizo en territorio libio y, dado que ese país tiene un nuevo gobierno, podría pensarse que está en condiciones y con la disposición suficiente para iniciar la investigación contra Saif al-Islam.
Así, deben ser las autoridades de Libia quienes juzgarán al hijo del ex dictador Gaddafi, pero, la confusión no se resuelve, y, por el contrario, se aviva si se tiene en cuanta el interés que la CPI mantiene en el caso libio demostrado esta semana cuando, según Tripoli Post, se envió un equipo para investigar la presunta comisión de delitos sexuales por parte de tropas leales al exdirigente Muammar Gaddafi durante la rebelión contra su régimen.
En tercer lugar, causó buena impresión la captura y traslado del ex presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, acusado de cometer los crímenes de asesinato y violación, entre otros, quien se convierte en el primer ex jefe de Estado detenido por la CPI desde su constitución.
En cuarto lugar, la abogada de Gambia Fatou Bensouda, fue seleccionada por los Estados Parte del Estatuto de Roma como candidata para ejercer el cargo de Fiscal de la CPI por los próximos nueve años en reemplazo del controvertido Luis Moreno Ocampo.
Como lo muestran los pequeños ejemplos relatados, el trabajo de quien seguramente será la nueva fiscal, no es fácil, ojala, no deba hablarse en el futuro próximo de la apertura de un nuevo caso: el colombiano; sin embargo, eso dependerá de los resultados que aún están por demostrarse en la lucha contra la impunidad.
En Twitter: @andreasforer