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Continuando con la línea de los aniversarios, este domingo 11 de julio se cumplen 15 años de la masacre de Srebrenica en la que durante alrededor de dos semanas murieron casi 8.000 Bosnios-musulmanes, a manos de las fuerzas Serbio-Bosnias.
Se trata del aniversario de una de las más grandes masacres ocurridas en el mundo con participación y responsabilidad del Estado; y por la cual el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia condenó a siete ex oficiales y policías Serbio-Bosnios, a sentencias de entre 5 años y cadena perpetua por crímenes como Genocidio y Exterminio, entre otros.
Según la sentencia, proferida el pasado 10 de junio de 2010 las tropas Serbio-bosnias mataron 7.826 hombres de manera sistemática y con la intención de eliminar a la etnia Bosnio-musulmana. Por esta incursión, Karadzic, el entonces presidente de la República Serbska, se encuentra actualmente en espera de recibir su sentencia en La Haya; Mladic, quien fuera el Comandante de las tropas Serbio-bosnias, se encuentra de fuga y Milosevic, el entonces Presidente de Serbia, murió el 11 de marzo 2006, en su celda y sin ser condenado por su responsabilidad en los hechos.
En el caso contra Milosevic, la estrategia de la Fiscalía del Tribunal de la Haya, se enfocó en hacer una investigación a fondo de todos los crímenes cometidos por éste en la región de los Balcanes, a fin de tener una sentencia que cubriera todo su accionar criminal en Kosovo, Croacia y Bosnia. Una estrategia que fue interesante en su momento, pero que siendo analizada en la actualidad, fracasó en el momento en el que murió el acusado.
Otro habría sido el desenlace de la historia si en su lugar, la Fiscalía hubiera priorizado bajo un criterio de gravedad e impacto de los delitos, lo cual la habría llevado a enfocarse en la Masacre de Srebrenica. Esta estrategia alternativa le habría permitido tener un proceso más ágil y la posibilidad de una sentencia contra Milosevic antes de su muerte.
Aunque a simple vista, los anteriores hechos parezcan completamente ajenos al proceso de Justicia y Paz que vive Colombia, bajo una mirada un poco más profunda es posible darse cuenta de que existen puntos de convergencia, aplicables al caso colombiano.
En Todos los casos de macrocriminalidad una fiscalía debe tener una estrategia clara y contundente con un criterio de selección de los casos. Por lo general son de mayor interés aquellos que involucran responsabilidad y/o participación de jefes de estructuras o grupos, los delitos más graves, la sistematicidad y el contexto histórico o geográfico en el cual fueron cometidos. Otro criterio de importancia es la edad y las enfermedades que pueda tener el acusado.
En Colombia el caso de Ramón Isaza, cumple con la mayoría de los criterios de selección ya enunciados, al ser uno de los pocos ex jefes paramilitares que aún se encuentra en el país, al haber cometido graves delitos como reclutamiento ilícito de menores de edad, desaparición forzada, desplazamiento forzado, homicidio y los que involucren violencia sexual.
Adicionalmente, los delitos de Isaza se cometieron en una zona específica y de gran importancia para el país, el Magdalena Medio, en el marco del conflicto interno y de forma sistemática, razón por la que son catalogados como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Todo esto sin dejar de lado su edad, 70 años, y su deteriorado estado de salud.
Este caso impone al proceso un reto similar al que en su momento tuvo la Fiscalía de La Haya: el de plantear una estrategia clara y contundente que le permita obtener una sentencia mientras el acusado se encuentre con vida y en aras de ofrecerle al país, justicia por los más de 500 crímenes presuntamente cometidos por el acusado; así como un fallo realmente representativo de cara a la gravedad del conflicto.