¡Sólo quedan 31!

El proceso de Justicia y Paz ha estado marcado por un sistema judicial relativamente complejo y rígido, que además involucra un número demasiado alto de instituciones. Entre 2005 y 2007, emergió una temática casi insoluble: el de la participación de una gran cantidad de sobrevivientes en el proceso. ¿Pero cómo organizar dicha participación?, ¿qué significa participación? ¿cuál de las instituciones debía  ser responsable?, ¿a dónde se debe dirigir un sobreviviente si quiere reparación, si quiere saber lo que pasa con su proceso? En todo esto hubo una total falta de claridad. 

Para solucionar este problema, la creación de una nueva institución, de la CNRR, no fue muy útil. Debido al mandato poco claro de esta institución – según la Ley Justicia y Paz el mandato es (entre otros) «garantizar la participación de las Víctimas en el proceso» –  ella sólo sembró más confusión. Pues, en sí mismo, el apoyo a las víctimas como tal hubiera sido tarea de una institución ya establecida como la Defensoría del Pueblo, sólo que ésta, por lo menos hasta 2007, no estaba en capacidad de cumplir con esta tarea por falta de planificación. Pero, en vez de cortar este problema de raíz y crear conciencia y recursos para el apoyo a los sobrevivientes desde la Defensoría, las autoridades decidieron crear una nueva institución.

No obstante, a simple vista uno se podía dar cuenta, que la nueva institución no iba a solucionar problemas, sino crear aun más confusión.  Inicialmente, la CNRR asumió tareas en Bogotá, pero pronto – debido al inmenso entusiasmo que no sólo el personal de la CNRR sino también los donantes de las organizaciones internacionales desarrollaron – abrió oficinas en las regiones para estar más cerca de los sobrevivientes y encargarse verdaderamente del papel importante de garantizar el acceso de las víctimas al proceso de paz. Demasiado tarde se notó, que en algunas regiones había ahora oficinas de la CNRR para la representación de las víctimas justo al lado de la Defensoría y la Procuraduría, que son responsables también del acompañamiento a las víctimas y a veces incluso al lado de oficinas de Acción Social, que – como no podía ser de otra manera – también trabaja con víctimas. Por no hablar de la Fiscalía, que también realiza Jornadas de Víctimas, al principio sola y más adelante en coordinación con otras instituciones. La confusión era fácil de imaginar.

Llevó cierto tiempo hasta que llegó una interacción coordinada entre estas instituciones, a pesar de que nunca han podido evitar la doble función y por lo tanto una duplicación del trabajo. La semana pasada recibí un comunicado de prensa de la CNRR, en el cual se reportaba con orgullo sobre la atención psicosocial a víctimas y se destacaba el hecho de que las propias víctimas expresaron que quisieran la presencia de otras instituciones como de la Defensoría. Claro, comprensible. Pero inequívocamente, nunca ha sido y tampoco lo es ahora el mandato de la CNRR brindar aquella asistencia a las victimas. El argumento, de si no lo hace, no lo hace nadie, no puede convencer.

Para no poner en peligro la maquinaria estatal, las instituciones existentes deben ser reforzadas y apoyadas en sus tareas. Sólo entonces los sobrevivientes pueden tener claridad sobre cual de las numerosas instituciones representa sus intereses en toda Colombia. La Defensoría y ninguna otra organización del Estado es responsable de los sobrevivientes y sólo podemos esperar que ella, fortalecida por los fondos, que se liberarán con la disolución de la CNRR, asuma su tarea ahora en una manera integral y competente.

Sin embargo CNRR, te vamos a echar de menos. Tu Grupo de Memoria, que con numerosos informes ha dado finalmente una voz a los sobrevivientes del conflicto, tu idea de la Reparación Administrativa de las Víctimas (incluso si no era completa y cuando se ha quedado atascada en un cuello de botella); así como numerosas otras acciones tuyas han logrado mantener la discusión y aceptación del proceso. Con un mandato claro, los últimos 6 años sin duda habrían sido mejores.
 
Pero bueno, especialmente este conocimiento se debe utilizar para crear mayor claridad aún en la selva institucional que queda. ¿Cuál, por ejemplo, es el objeto de la Procuraduría en el Proceso de Justicia y Paz?, ¿esta institución añade un valor a dicho proceso? Tal análisis se debe hacer ahora con todas las instituciones involucradas y, si los resultados lo dicen, se debe agarrar el toro por los cuernos, y seguir arreglando la selva. De tal manera, podrían liberarse decisivos recursos con el fin de fortalecer las instituciones en realidad son necesarias.

En twitter: @andreasforer