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Mirando las cifras de los alcances de la ley de Justicia y Paz es posible ver de un lado, la enorme cifra de homicidios confesados, alrededor de 44.000 y por otro lado el poco número de casos que involucran violencia sexual, alrededor 44.
Una diferencia abismal que merece ser analizada considerando que ambos crímenes hacen parte de las confesiones realizadas por los desmovilizados que voluntariamente hacen parte del proceso.
Al comparar estos datos surge una gran interrogante: ¿Será Colombia el único país en el mundo que en el contexto de un conflicto armado no presenta altas tasas de violencia sexual contra mujeres?
La respuesta obviamente es no. Según informes de ONG especializadas en la materia, de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también en Colombia la violencia sexual contra las mujeres ha sido una constante durante el conflicto interno. Adicionalmente, en un informe de septiembre de 2010 del Bonn Internacional Center for Conversion (BICC) Colombia aparece en la misma lista que naciones como Camboya, Congo, Liberia, Nepal, Perú, Ruanda, Sierra Leona y Bosnia; todos países en los cuales en época de conflicto la violencia sexual ha sido utilizada como arma de guerra.
En todos los países, se ha hecho uso de la violencia sexual, tal vez con diferentes matices, pero con los mismos objetivos: dominar, regular, callar, castigar, expropiar, exterminar, obtener información y recompensar a los integrantes de un grupo armado.
El proceso de paz colombiano, más allá de lo bueno o malo que pueda llegar a ser tiene desde ya un gran reto, el de no dejar en la impunidad los crímenes sexuales cometidos como consecuencia del conflicto. Así mismo debe mostrar al país que en el conflicto ha habido un patrón en el ataque a mujeres por medio de la violencia sexual y que en la mayoría de los casos éstos, resultan ser crímenes de guerra e incluso de lesa humanidad.
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