Hoy, mañana y pasado mañana

Sin embargo, la reforma más importante de la agenda fiscal está encontrando una creciente resistencia en el Legislativo. Poco conocida por la opinión pública, el proyecto de reforma constitucional para la sostenibilidad fiscal casi no pasa su cuarta votación en diciembre y debe surtir cuatro debates más durante el primer semestre de este año. Si bien las demás reformas del paquete fiscal son necesarias y algunas de gran calibre, como la que busca cambiar el sistema de reparto de las regalías, el acto legislativo para la sostenibilidad fiscal pone nuevamente sobre la mesa uno de los debates más profundos que la Constitución de 1991 ha generado en materia económica: ¿la satisfacción de los derechos individuales que promete nuestro Estado Social de Derecho debe estar sujeta a algún tipo de restricción presupuestal? La respuesta que se le dé a esta pregunta tiene profundas implicaciones fiscales, en la medida en que la primacía de los derechos individuales por encima de cualquier consideración en materia de recursos, como ocurre hoy en el país, puede comprometer seriamente un bien público que las sociedades sólo valoran cuando lo pierden: unas finanzas públicas sanas. No se trata sólo de evitar crisis fiscales como las que algunos países europeos viven en la actualidad, aunque la recesión de 1999 en Colombia fue una voz más que elocuente sobre las consecuencias de una política fiscal irresponsable. También es cuestión de entender los costos en términos de crecimiento y prosperidad de unas finanzas públicas crónicamente deficitarias como las colombianas, que para financiarse vuelven más escaso y costoso el financiamiento del sector privado.

El proyecto de acto legislativo para la sostenibilidad fiscal obligaría a todas las ramas del poder público a velar por unas finanzas públicas en orden. Algunos detractores de la iniciativa dicen que ésta quiere enterrar la tutela y hacerle conejo a la ley de víctimas. Esos argumentos parecen perder de vista que el Estado Social de Derecho cuesta. Y no sólo cuesta hoy, cuesta mañana. Y pasado mañana. De ahí que respetar el principio de la sostenibilidad fiscal no es otra cosa que buscar que el Estado Social de Derecho sea una promesa que se va a poder pagar hoy, mañana y pasado mañana.

Si la reforma se hunde en el trámite que tiene pendiente este semestre, o en su revisión en la Corte Constitucional, no será el fin del mundo. Llegarán la regla fiscal, la nueva distribución de regalías y la reforma estatutaria de salud, todas positivas para las perspectivas fiscales. Sin embargo, perderemos como país la oportunidad de anclar en nuestra institucionalidad el principio básico de que debemos aspirar sólo a lo que seamos capaces de pagar. Los frutos de convencernos de ese principio serían inmensos, comparables a los resultantes de haber entendido las virtudes de aspirar a una inflación baja y estable.

Ya que se habla tanto de locomotoras por estos días, ojalá no dejemos pasar este tren.