5,7 billones de pesos

Cabe descontar de esta cifra el billón de pesos que aportará el 10% de las regalías destinado a ciencia y tecnología, lo que deja un saldo neto de 4,7 billones provenientes del erario. Juan Carlos Echeverry seguramente sufriría un síncope si tiene que destinar el 1% del PIB a educación superior, multiplicando casi por tres su presupuesto actual, pero confiemos en que el ministro tiene buenos médicos.

Hablar de plata, pese al consejo en contrario de las abuelas, tiene la ventaja de que disipa la carreta, tanto la maximalista que sugiere dar educación superior gratis a todos los bachilleres del país, algo inconveniente además de imposible, y la minimalista consignada en el proyecto ahora retirado por el Gobierno. Una cifra de verdad grande permite también imponer condiciones claras, pues no es de ningún modo aceptable, ni legal, que el Estado acceda a la petición de la Mane y entregue los recursos sin poner condiciones.

La educación superior pública se mueve en Colombia entre numerosas paradojas. La primera es que en un ambiente de pobreza son más fáciles el despilfarro, la apatía y el radicalismo. Una inversión cuantiosa obligaría a todos los actores a entregar información clara, so pena de sufrir consecuencias disciplinarias o penales, y permitiría la erradicación de la violencia de los claustros, mediante una combinación de movilización social potente y de represión legal. Hoy muchos estudiantes y profesores ven cómo ensucian y maltratan a sus universidades, pero se alzan de hombros tal vez pensando que éstas se lo merecen por apocadas. De ahí que los estudiantes hayan pasado por las universidades públicas durante casi tres décadas ajenos a toda politización, excepción hecha de unos cuantos sectores radicales. Según se vio en la marcha de la semana pasada, una forma de aislar al extremismo sería politizando en serio a una porción mucho mayor del estudiantado. En el ambiente político general, las Farc y el Eln han perdido la batalla. Me atrevo a apostar que también la perderían en un ambiente político más dinámico en las universidades. Además, ¿no dizque queremos una nueva clase política? Pues que salga de las universidades.

Volviendo al dinero, una inversión cuantiosa tendría que provenir obligatoriamente de un aumento en el recaudo impositivo, lo que implica que en paralelo con la reforma educativa se tramite una reforma tributaria eficaz. Por la sinceridad de quienes apoyen esta segunda parte de la ecuación se sabría quién habla en serio y quién habla paja.

La Organización Mundial del Comercio penaliza los subsidios abiertos entregados a los sectores exportadores, así los países desarrollados se salten la norma. Hay un subsidio, sin embargo, que no penaliza ni la OMC ni nadie: el dado a la educación.

Por último, ya sabemos más o menos qué quiere un grupo animado de dirigentes estudiantiles, pero no el grueso de la población susceptible de beneficiarse con una educación superior repotenciada. Por ello, parte del proceso que sigue debe de consistir en averiguarlo a fondo. Sea de ello lo que fuere, la presente crisis ofrece oportunidades que no se pueden echar a perder.

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