El efecto Humala

Sucede que una de las promesas electorales que él hizo y que por fuerza tendrá que cumplir es la de endurecer el régimen de regalías que cobra Perú, un jugador de grandes ligas en materia minera en el mundo. Es obvio que Colombia no tiene por qué quedarse atrás, pues la tendencia en la materia es mundial.

Aunque a regañadientes, muchos economistas han empezado a aceptar la teoría que formuló King Hubbert en los años cincuenta, conocida como Peak Oil, según la cual el planeta puede haber llegado a un punto después del cual no va a aumentar la producción global de petróleo. De ser esto cierto, al cabo de unos años la producción empezaría a descender, primero lentamente y luego en forma acelerada. La demanda de petróleo, en cambio, promete seguir creciendo, y nada que no sea una catástrofe económica en China o —lo que es parecido— la repetición de la Gran Depresión de 1929 tendría la suficiente potencia como para frenarla por un tiempo prolongado. Por extensión, hay que considerar que buena parte de los recursos naturales no renovables —cobre, estaño, bauxita— llegará tarde o temprano a un punto de producción máxima. El carbón, en extremo abundante, es la excepción. El freno a su producción, no obstante, podría provenir de su efecto ecológicamente problemático.

Estos picos tendrían dos consecuencias importantes. La primera es que los precios oscilarían alrededor de puntos cada vez más altos, al menos hasta que un precio de veras exorbitante estrangule el consumo, y la segunda es que el recurso valdrá mucho más en el futuro, por lo que no parece sensato extraerlo a un ritmo acelerado ahora.

El régimen de regalías absurdamente generoso que tenemos en Colombia está indexado sólo al volumen de producción y no prevé un aumento del porcentaje cobrado a medida que los precios internacionales suben —algunos contratos petroleros recientes son la excepción—. Esto, como bien lo analiza Mauricio Cabrera en Razón Pública, ha hecho que multinacionales por el estilo de la Drummond hayan tenido valorizaciones injustificadas de sus inversiones en el país, de las cuales no nos va a quedar nada a los colombianos. Hay, pues, amplio margen para endurecer el régimen de regalías sin por ello acabar con la rentabilidad del negocio.

Ya vendrán las Casandras a decir que cambiar las reglas del juego equivale a espantar a las grandes mineras y petroleras, pero aparte de lo poco probable que esto parece, espantar algunas multinacionales quizá no sea tan mala idea. La industria minera no es una gran generadora de empleo y su auge trae consigo los peligros concomitantes de la revaluación y de la enfermedad holandesa, de modo que lo sensato es modular los desarrollos, dar prioridad al medio ambiente y ganar más en aquellas explotaciones que sí se permitan. Obvio que en la improbable eventualidad de que los precios internacionales se desplomen, las sobretasas tendrían que desaparecer.

Las regalías tienen su lado oscuro, no siempre señalado. De un lado, fomentan una dañina sensación de que todo ciudadano tiene el derecho adquirido a recibir un regalo del Estado sin trabajar. Pero lo peor es que otorgan un alto poder de corrupción al poder Ejecutivo. Estos riesgos subsisten, aunque la reforma constitucional reciente fue sensata en ambas materias. A la reforma, sin embargo, le quedó faltando una segunda pata.

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