El fantasma de la negociación

Se habló allí en términos respetables de una organización que no lo es, se oyeron apreciaciones sobre su fortaleza que van a envalentonarla y se le concedió sigilo diplomático a una carta que surge de un secuestro. Tras su liberación, los secuestrados no tienen por qué llevar ningún mensaje a nadie. Langlois claramente sucumbió a sus contradicciones. No tomó en cuenta que por ser un reportero francés recibió de sus cínicos captores un trato preferencial, incluidas las disculpas, que nunca dan a nadie.

Pero tampoco tiene sentido ensañarse con un mensajero que cayó en la trampa, porque lo importante es que tras diez años de ausencia ha vuelto a rondar por ahí el fantasma de la negociación. El principal responsable de esta resurrección es el propio Gobierno, que anda muy acucioso tratando de insertar en la Constitución su marco jurídico para la paz. También se habla en forma críptica de una llave medio mágica que no está guardada en el fondo del mar.

Yo debo inscribirme entre los pesimistas en la materia. Es cierto que el futuro de las Farc no luce muy promisorio y que una persona sensata entraría a negociar. Hugo Chávez bien puede morir pasado mañana de su cáncer, lo que casi con seguridad significaría el cierre del santuario que las Farc tienen en Venezuela. El chorro de dinero que produce el narcotráfico subsiste, pero cuesta creer que una organización de (remoto) origen político pueda perpetuarse como un cartel sin desbaratarse. Además, la Guerra Contra las Drogas acabará más temprano que tarde, sobre todo ahora que se convirtió en un nudo continental inextricable y sangriento.

Sin embargo, en unas negociaciones siempre se negocia algo, y ese algo en nuestro caso se ha restringido tremendamente desde la irresponsable aventura del Caguán (1998-2002), cuando según varios testimonios se barajaron propuestas casi inverosímiles, que las Farc rechazaron de todos modos. A estas alturas sería ética y jurídicamente imposible, por ejemplo, que Romaña o El Paisa pudieran aspirar a un puesto de elección popular como el que ocupa el amnistiado Gustavo Petro. Jurídicamente, porque los tratados firmados por Colombia prohíben las amnistías para los delitos atroces o de lesa humanidad que el Secretariado y los comandantes de las Farc coleccionan por docenas. Éticamente, porque los miles y miles de damnificados por el salvajismo de estos comandantes no aceptarían jamás el olvido implícito en su presencia en la vida pública. La que se resentiría al final sería la frágil legitimidad de la institucionalidad colombiana. De ahí que quizá se puedan rebajar condenas y crear lugares amables de reclusión, incluso suspender la pena a muchos guerrilleros de mediana graduación, pero no ir más allá.

Es indispensable alcanzar primero una relación de fuerza militar todavía más desbalanceada que la actual para tornar viable cualquier negociación. Es decir, que las Farc tendrían que empezar a resquebrajarse en serio para que fuere posible avanzar. Y pese a algunos indicios de debates internos, esta organización todavía tiene una clara unidad de mando, basada ante todo en la siempre repetida promesa de que nunca y por ningún motivo van a abandonar las armas. No empecemos, pues, a pensar tan rápido con el deseo como hace diez años.

* andreshoyos@elmalpensante.com, @andrewholes