Impuestos

En los países avanzados son una de las líneas fundamentales que dividen izquierda y derecha. En la izquierda dicen que hay que cobrar más impuestos para poder hacer más; en la derecha, que hay que cobrar menos porque es mejor que el Estado haga menos. Una rauda revisión de la historia colombiana confirmará que aquí esta línea divisoria no ha existido nunca. La semana pasada la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria –vaya nombrecito– publicó un aplomado diagnóstico sobre el despelotado e injusto sistema tributario colombiano. Este par de adjetivos indican, para mi gusto, que el sistema es más el síntoma que la enfermedad. La enfermedad ha sido desde siempre la disfuncional política del país. ¿Por qué recaudaba el Estado menos del 10% del PIB en impuestos nacionales antes de 1990, dejando todo sin hacer, el ejército, la educación pública, la infraestructura, el metro de Bogotá? Porque la política tributaria era un gato cansado y poco convencido de su misión, que perseguía ratones airados, belicosos y dispuestos a casi todo con tal de no dejarse atrapar. La Comisión de Expertos aclara que a raíz de la Constitución de 1991 el recaudo del Gobierno central subió al 19% –duplicar el recaudo, así sea insuficiente, no es neoliberalismo clásico por ninguna parte que se mire–, o sea que el inapetente gato por fin cazó ratones, en especial ratones grandes. No todos, claro. Cayeron aquellos que no tenían manera de esconderse. En Colombia se cobra lo fácil, no lo equitativo. El ideal, como lo sabe la OECD, es cobrar más a las personas que a las empresas, pues estas últimas, sean grandes, pequeñas o diminutas, crean riqueza, mientras que sus dueños la aprovechan en la forma de valorizaciones y dividendos. Sí, ellos tomaron el riesgo de la inversión inicial y ese acto debe ser reconocido, pero tras la inversión viene una bifurcación, pues la administración de una empresa bien puede tener intereses distintos de los de sus dueños. Y en las empresas que cotizan en bolsa el asunto tiende al divorcio: por ejemplo, los dueños finales del GEA tienen poco que decir sobre las prioridades del grupo. Allí mandan las juntas directivas (enrocadas) y los gerentes. Aquí es más difícil recaudar impuestos que en otras partes porque pocos creen que el Estado sea un instrumento útil. Hace un tiempo a lo mejor empezaron a entender que sin su capacidad militar, el país hubiera caído en manos de los discípulos de Pol Pot, pero todavía no lo valoran en otras dimensiones. La Constituyente de 1990, como un todo, tenía un concepto confuso y atrasado de la política fiscal y esto se refleja en que condujo a un desbalance entre ingresos y gastos. Un Estado pobre con demasiados compromisos, como el que se creó entonces, se vuelve histérico e irrazonable. En años recientes Colombia se financió por la vía peligrosa del excedente petrolero y minero. Ingresos no tributarios como estos suelen tener aristas problemáticas y en un mundo ideal tendrían que ser ahorrados para invertirlos en grandes proyectos de una sola vez o convertidos en un fondo internacional de apoyo, como actualmente sucede en Noruega. Yo creo que la reforma que le pidieron proponer a la Comisión de Expertos tiene pronóstico reservado, sobre todo dada la debilidad del gobierno actual, que hace muy improbable su aprobación en el Congreso. Lástima, porque es necesaria. andreshoyos@elmalpensante.com, @andrewholes