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La fuerte agitación que vive Chile en estos días involucra dos factores difíciles de extricar.
De un lado está la rabia represada desde hace casi 40 años y la consecuente oportunidad de una revancha histórica para los irredentos. Los mueve un rechazo radical al “lucro”, o sea a la economía de mercado, o sea a la caída del Muro de Berlín. Lo notable, sin embargo, es que la protesta pegó, quizá porque el sistema político heredado de la dictadura está desgastado y se acerca a una crisis de representatividad. De ahí que los radicales por fin estén reclutando partidarios por fuera de los pequeños guetos que quedaron tras el aplastamiento de la Unidad Popular en 1973.
Del otro lado está la candente y actual polémica alrededor de la educación postsecundaria que un país como Chile (o Colombia) debe adoptar. Piñera prefiere el modelo, en este caso claramente neoliberal, según el cual el Estado no tiene por qué invertir mucho en educación superior, existiendo una solución de mercado que consiste en que los estudiantes paguen por sus carreras al final de las mismas, con algunas gabelas menores en la tasa de interés y en los plazos, y con una inversión moderada en infraestructura universitaria y becas. Este tipo de educación cuesta poco, se adecúa al modelo de crecimiento económico acelerado y permite mantener tasas de tributación bajas, haciendo competitivo al país en el corto plazo. Aunque el dinamismo económico no es un objetivo despreciable, hay algo que el modelo definitivamente NO ataca y es la desigualdad.
Reducir la desigualdad y crear una clase media educada creciente es quizá el mejor negocio que un país puede hacer en el largo plazo. El mercado interno crece, la democracia, que en últimas depende de la salud de la clase media, se fortalece, y luego vienen el alto crecimiento y la diversificación. La educación, más que una locomotora, es una fábrica de locomotoras. Sin embargo, la inversión en ella tiene el gran “pero” de que rinde frutos a los quince o veinte años de realizada, cuando el presidente que la impulsó está jubilado. En el corto plazo, invertir en educación da pocos réditos políticos y no sirve para crear estructuras clientelistas, pues los beneficiarios tienen la desagradable tendencia a ser desagradecidos.
Dicho lo anterior, es muy difícil elevar a la categoría de héroe a la pintosa dirigente estudiantil chilena, Camila Vallejo, cuya claridad conceptual deja mucho que desear. La educación superior pública gratuita no es, como dice ella, un derecho universal, lo que por definición implicaría que es para todo el mundo, sino un privilegio para el segmento más capacitado de una sociedad, que bien manejado puede beneficiar al país como un todo. Tampoco voy a quemarle incienso a Moisés Wasserman, el rector de nuestra Universidad Nacional, pues su actitud de víctima me fastidia. Hasta ahora no hemos visto ninguna reforma radical que prepare a la Nacional para utilizar de la mejor manera posible los recursos que le llegan y que podrían llegarle. Porque la solución no es simplemente inyectar fondos a las universidades públicas. Habría que aprovechar la ocasión para sacudirlas y darles un vuelco. Y ni hablar de que vivan puras e incólumes al margen del “lucro”. La mayoría de los graduandos al salir tienen que batirse en el mercado, así que educarlos como si éste no existiera es una barbaridad. No obstante, el comienzo indispensable de todo es que el Estado invierta mucho más en educación superior.
andreshoyos@elmalpensante.com @andrewholes