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Rafael Rivas y Armando Montenegro, dos prestigiosos economistas muy cercanos entre ellos, publicaron en este diario sendas columnas casi seguidas que, en palabras de Rivas, concuerdan en que “la paz tendrá si acaso efectos marginales sobre la tasa de crecimiento del PIB en el mediano y largo plazo”.
Según eso, hay razones de otra índole —¿humanitarias, de imagen?— para firmar la paz, pero no económicas. Porque si con la paz el país tiene que invertir billones y va a crecer muy poco más, habrá hecho lo que proverbialmente es un mal negocio. El así llamado “dividendo de la paz” sería, pues, negativo.
Ambas columnas son un comentario sobre Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia, un libro de ensayos reciente de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Para Montenegro, el libro padece “de una variedad de problemas técnicos”, que no precisa (sí, ya sé que es poco lo que cabe en una columna).
La cifra más “optimista” o “escandalosa” incluida en el libro dice que la economía podría dar un salto de crecimiento del 4,4% anual, siempre y cuando el conflicto armado desaparezca del todo. Esto es obviamente imposible y los ensayistas lo advierten, sin arriesgarse a dar la cifra de ajuste para el daño que produciría el conflicto supérstite. El libro sí propone, como lo intuiría cualquiera, que el daño causado por la violencia criminal es menor que el causado por la violencia revolucionaria organizada. Por ende, el país tendría que criminalizarse del todo una vez se firme la paz para que terminemos haciendo el mal negocio que sospechan Rivas y Montenegro.
El prospecto de la paz incluye tantas variables, que debatir hoy sobre su costo es inocuo. Es preferible analizar el pasado. Todo lo que invierte la guerrilla —y es mucho— está destinado a producir alguna forma de destrucción, al final de la cual estaría el poder. ¿Tiene entonces algo de raro que el conflicto haya producido una colosal destrucción económica en sus años de mayor intensidad? El libro cuantifica, por ejemplo, la destrucción del emprendimiento. Asimismo analiza el daño producido sobre el desarrollo agrícola. Yo creo que ahí basta con citar la cifra más básica de todas: de 22 millones de hectáreas disponibles, nunca hemos pasado de cultivar cinco, apenas el 23%. Se pregunta uno si el país podría desarrollar esos 17 millones de hectáreas faltantes en medio del conflicto. Me atrevo a pensar que nadie, ni siquiera nuestros columnistas, lo cree posible.
El libro también analiza las oscilaciones del “riesgo país” y su efecto sobre el costo de asegurar la deuda colombiana. La correlación hallada es clara: a mayor intensidad del conflicto, mayor el costo de asegurar la deuda. Aunque el libro no lo menciona, el riesgo país es una variable central en el cálculo de las tasas de descuento que se usan para valorar cualquier negocio en marcha. Así que de lograrse una paz razonable, el riesgo país bajaría y automáticamente la inmensa mayoría de los negocios —salvo los que se lucran directamente de la guerra— aumentaría su valor. Claro, lo que cambia no es la foto inmediata, sino la perspectiva de crecimiento futuro de cada negocio. En síntesis, no sólo habría más tierra cultivada y más empresas, sino que las existentes valdrían más. Además, con menos muertos y menos combatientes habría más manos productivas y más estudiantes. ¿Todo eso tiene apenas un efecto marginal sobre el crecimiento del país?
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