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El dictador Nicolás Maduro está poniendo en marcha su máquina trituradora, que sobre todo consiste perseguir a sus enemigos con el aparato judicial del Estado, cuyo servilismo hacia la rama ejecutiva es sencillamente repulsivo. Hace pocas semanas, él y sus secuaces ofrecieron en Barbados garantías electorales, aunque dada la avalancha posterior está muy claro que se arrepintieron.
Veamos los hechos: María Corina Machado, dama de hierro del vecino país, el 22 de octubre no solo ganó el proceso de selección para los candidatos de oposición por el 92 % –una goleada–, sino que hizo que más de dos millones y medio de venezolanos participaran en el proceso, algo difícil de entender. La cifra es el triple de lo esperado.
De la frase “Tribunal Supremo de Justicia”, la última palabra en Venezuela es una gran mentira. ¿Justicia inhabilitar a una mujer por algo baladí que, además, nunca fue probado? Por si fuera poco, la amenazan con investigarla por fraude y otros delitos que, dados los antecedentes, prometen cárcel. Sea como sea, la Sala Electoral del Tribunal Supremo decidió suspender “todos los efectos” de las primarias. Esta decisión fue respuesta a un “recurso” presentado por un diputado payaso llamado José Brito ante Elvis Amoroso, el contralor general de Venezuela y agente abierto del PSUV. Brito es uno de esos “alacranes”, nombre que se da a los antiguos opositores del chavismo que se volvieron instrumentos del Gobierno. A su vez, Amoroso, calanchín del dictador, inhabilitó a María Corina Machado para ser candidata a la presidencia. ¿Y santo remedio? Lejos de. Tras semejantes tropelías la candidata ganadora adquiere todavía más ímpetu.
Ella ha tomado la actitud correcta: seguir en su campaña como si nada y, claro, asimismo activando amparos en todos los lugares donde haya tribunales disponibles para intervenir, diga usted en la OEA. De cualquier modo, la decisión temporal del TSJ no ha frenado nada dado que todavía no hay que inscribir la candidatura ante las “autoridades” electorales venezolanas. En fin, ella está “inhabilitada” por motivos que darían risa si la dictadura no los repitiera de manera obsesiva. El castigo fue impuesto para un año en 2015, pero de sopetón lo extendieron hasta 2030, sin que ella tuviera recursos en contra. Ya se sabe que es una sanción política, no judicial. Al régimen no le basta descalificar a María Corina, le están fabricando “delitos” para poderla procesar y echar a la cárcel. En eso Maduro ha sido clarito.
Aunque María Corina ha moderado sus posiciones en los últimos meses, de tibia no tiene ni el raspao. Por si acaso, la comparan con Margaret Thatcher, si bien sus programas dejaron de ser maximalistas en entendido de que en la actual Venezuela cualquier cambio en la cúpula del poder tiene un sentido absoluto. A las buenas no va a ser, claro que no. María Corina sabe que la lucha será larga y tendrá altibajos. Lo que sí desapareció para siempre fue la posibilidad de que el régimen refuerce su posición mediante algún proceso “democrático” o electoral. De eso ya no queda ninguna credibilidad. “El problema de la inhabilitación lo resolvieron 2,5 millones de venezolanos el domingo pasado”, dijo la opositora tras ser declarada ganadora por la Comisión Nacional de Primarias en estos días.
Usemos como apretada síntesis una frase de la propia María Corina: “Este no es el final, pero este sí es el principio del final”.
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