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Estas individuas mitológicas, las maturrangas, abundan en ambientes que tendrían que ser alérgicos a ellas, por ejemplo, en la rama legislativa de un país como Colombia, así como en el gobierno. Sus cocinados son fétidos y sospechosos; hay que tratarlos como quien huye en la playa de una lluvia de cocos, causada por un vendaval.
Hablemos del último vendaval local: el proyecto tramposo de hacer una reforma al Código Electoral. ¿Que es necesario mejorar nuestro sistema de partidos y la forma en que celebramos nuestras elecciones? Elemental, mi querido Watson. El Código actual data de 1986, es decir que es anterior a la actual Constitución. ¿Por qué no lo modernizaron antes? Digámoslo con claridad: porque no lo saben hacer sin incurrir en maturrangas y hasta ahora las varias cocciones que las incluían no se han convertido en ley. Vaya uno a saber si esta vez todo lo firma el presidente y pasa por el tamiz de la Corte Constitucional. Algo me dice que tal vez se podría llegar a un articulado casi aceptable, pero eso se debería solo a que la oposición revisó con lupa los intentos de maturranga del gobierno y sus partidos aliados, sobre todo el CD, no a la buena voluntad.
Según escribía El Tiempo, la reforma electoral “establece una serie de reglas pensadas principalmente para buscar más transparencia en las elecciones”. ¿A ver? Sí, se incluían medidas viables como el voto anticipado, tan común en Estados Unidos, más equidad de género en las listas que en adelante tendrían que ser 50/50, lo que al final puede ser un saludo a la bandera de la corrección política ya que con el voto preferente ganará quien más votos obtenga. Se proponía el uso de la biometría o la huella digital. Sin embargo, el proyecto también combinaba estas sensateces con trampas puras y duras, como la votación electrónica remota, o sea, el voto desde la pantalla de un computador casero o un celular. Una maravilla con blockchain y todo, piensa cualquiera, hasta que entiende que la señal que lleva ese voto a la Registraduría pasa por antros peligrosísimos, donde unos hackers hábiles podrían alterarlo en un sentido u otro. Además, ¿quién garantiza que en un pueblo de la Costa, digamos, no va a haber gente armada pendiente de que el votante comprado sí pinche el botón del candidato que el comprador quiere? ¿Una cámara? Ya voy, Toño.
Es cierto que la Ley de Garantías actual es muy rígida, como que fue dictada para hacer menos abusiva la reelección presidencial impuesta por Uribe, pero en vez de revisarla o reformarla, como propuso en su momento Juan Manuel Santos, iban camino a derogarla. O sea, antes estaban prohibidas durante meses y por igual políticas sensatas e insensatas, mientras que ahora todo estaría permitido. Aún siguen en el proyecto en curso otras normas dañinas, como la que pone en manos del registrador una meganómina, a la cual no se le exige estar integrada por funcionarios de carrera; esta nómina se pone a su total disposición pues son cargos de libre nombramiento y remoción, aparte de que el Consejo Nacional Electoral, un organismo partidista, podría aplicar prohibiciones y multas ad libitum.
En fin, la ética y la política se han mezclado mal en Colombia y abundan en los proyectos de ley los micos, que a veces son más gorilas y orangutanes que propiamente animalitos graciosos. Todos estos simios son primos genéticos nuestros. Tal vez por eso nos resultan tan comunes.
andreshoyos@elmalpensante.com
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