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Una de las posibles consecuencias del desprestigio de la política en Colombia, sobre todo ahora que la reelección del presidente Santos se complica, es que entremos en una riesgosa fase de inestabilidad, con cada personaje díscolo pescando en el río revuelto de “no tengo nada que perder, de modo que juguemos a patear la mesa”.
Los perdedores o los insatisfechos de uno u otro bando han venido apostándole a una posible constituyente. Hoy en día esta extraña arca de Noé lleva a bordo cuatro pasajeros: Uribe, las Farc, Petro y Eduardo Verano. No son suficientes, aunque tampoco son pocos. Ninguno de ellos, y en eso son marcadamente irresponsables, ve el menor riesgo en lo que propone.
Lo anterior no lo dice un santista, lejos de, lo dice un observador con pretensiones de ecuanimidad. Mirando fríamente los resultados del gobierno de Santos, hay que decir que con él salió mal librada la agenda reformista: sí, pasaron la Ley de Tierras y la Ley de Víctimas, además de otro puñado menos importante, pero fracasaron o fueron pospuestas las reformas de la educación, la salud, la justicia, la política y las regiones. Ahora el presidente nos dice que si le damos cuatro años más y avalamos su alianza con un pocotón de políticos cuestionados, va a adelantar todo lo que no hizo en el primer cuatrienio. Existe, sin embargo, una notable probabilidad de que no le extendamos el arriendo del Palacio de Nariño, entre otras razones porque la gente ha dejado de creer en su capacidad reformista.
Las aventuras constituyentes, en particular si se intentan con demasiada frecuencia, tienen un resultado impredecible: dos constituciones seguidas no suman media Constitución de verdad. Parte del problema con la de 1991 fue que nació de una alianza temporal lograda en medio del narcocaos, con notables pecados de origen —como la no extradición dictada por Escobar— y sin que hubiera una hegemonía clara de nadie. Un índice de su insuficiencia para encauzar y acotar de veras la vida nacional es que haya sido reformada tantas veces. Si una Constitución cambia un día sí y el otro también, deja de ser una ley de leyes sólida y se convierte en un hervidero de interpretaciones cruzadas que van y vienen. ¿Suena familiar? Claro, echar una Constitución a la caneca y poner otra nueva encima es la más drástica y peligrosa de todas las reformas.
Es casi seguro que una nueva Constitución en Colombia, país que ni siquiera tiene partidos políticos serios, saldría mal. El orden de estos factores sí altera el producto. Primero tiene que venir una clara renovación de la política que genere un ánimo institucional sólido y luego tal vez sí pueda pensarse en hacer cambios en los cimientos. Porque, bien visto, cada uno de los actores que se han ido subiendo al arca constituyente tiene una agenda propia que en poco o nada coincide con la del vecino. Así, la nueva Constitución sería una colcha de retazos, más incluso que la de 1991.
Dicho esto, las reformas fundamentales que necesita un país como el nuestro no pueden fracasar repetidamente sin que se debilite la totalidad del andamiaje institucional. Por eso, gobernantes frívolos e inconsistentes como Juan Manuel Santos hacen mucho daño, a pesar de que nada se ha venido abajo del todo bajo su mando. Queda, como pieza crucial en el ambiente, el proceso de paz. Sacarlo adelante sin hacer concesiones absurdas es lo esencial, salga elegido quien salga elegido presidente el 15 de junio de este año.