Publicidad

Santa Bárbara

Andrés Hoyos
08 de noviembre de 2011 – 06:00 p. m.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Quiso el destino que la muerte en combate de alias Alfonso Cano coincidiera con el primer auge en décadas del movimiento estudiantil en Colombia, un movimiento alegre, caótico y desorientado, cuyo “programa mínimo” contiene vestigios del radicalismo que hace 35 años condujo al estudiante de antropología de la Universidad Nacional, Guillermo León Sáenz Vargas, a ingresar a la guerrilla.

La pobreza no incidió en lo más mínimo en esta trágica decisión. Sáenz vivió la mayor parte de su infancia y adolescencia en el barrio bogotano de Santa Bárbara (la santa patrona de los artilleros), un lugar habitado desde siempre por familias prósperas. No, a Sáenz lo afectó una pobreza de otra índole, una pobreza intelectual que muy seguramente empezó por su familia tradicionalista y por la educación conservadora recibida en el colegio Fray Cristóbal de Torres. Según muchos testimonios, Guillermo León era un estudiante aplicado e inteligente, pero a veces la inteligencia constituye una trampa, sobre todo si no viene acompañada por un claro contrafuerte emocional. Porque una persona inteligente de personalidad precaria corre el riesgo de ser atrapada por ideologías fanáticas como las que en los años setenta campeaban a sus anchas en las universidades públicas del país. Más adelante, la acumulación de hechos irreversibles llega a convertir al “compromiso” del ya no tan joven guerrillero en un prontuario y al radicalismo en un vicio sin salida. Sánchez fue víctima en últimas de la “partera de la historia”, metáfora cruel con la que el marxismo original celebraba las supuestas virtudes de la violencia política. Dice el cliché guevarista que podrán morir las personas, no las ideas. Pues bien, tiene que ser exactamente al contrario: hay que “matar” ciertas ideas para no tener luego que matar a las personas que nos las querrán imponer a sangre y fuego.

Simplificando, al movimiento estudiantil se le abren dos caminos excluyentes. Uno sería conseguir una serie de reformas necesarias en la desfinanciada educación superior del país, obligando al Gobierno a cambiar sus prioridades y a tomar el problema en serio. Según las cifras que Salomón Kalmanovitz citaba este lunes, la inversión del Estado en educación superior tendría que duplicarse, como mínimo, para empezar a tener efecto sobre la desigualdad. Pero semejante inversión no puede por ningún motivo ser sin condicionamientos, como pide el “programa mínimo” de los estudiantes”. Al revés, los condicionamientos de una inversión tan cuantiosa tienen que ser numerosos.

La otra opción del movimiento sería devolverse cuarenta años y proseguir por el camino de la radicalización y la intransigencia, con lo que el país volvería a perder el año, para único beneficio de los grupos armados ilegales que tienen muchas células en las universidades del Estado y que obviamente todavía no terminan de descansar en paz en el basurero de la historia. Dicho de otro modo, la necesaria reforma a la ley 30 conduciría al fracaso si no consigue también la erradicación definitiva de la violencia de los claustros. Por un camino podríamos tener universidades públicas potentes que sí le sirvan al país; por el otro, universidades caotizadas en cuyo río revuelto los cínicos podrían pescar a su antojo.

La esencia del debate es: el Estado, que somos todos, está en mora de invertir mucho más en educación superior, pero al mismo tiempo tiene que exigir cambios de fondo en el viejo esquema. No es tan complicado.

andreshoyos@elmalpensante.com @andrewholes

Conoce más

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido