50 años después

Aunque el ascenso internacional y la transformación económica, política y social de ese país no han sido menos que asombrosos, los aniversarios no sólo deben servir para elogiar lo logrado sino para pasar revista a los obstáculos que aún quedan. Las protestas del año pasado sugieren que el funcionamiento de la democracia brasileña enfrenta todavía muchos problemas, desde la corrupción hasta la inseguridad ciudadana. Sin embargo, quisiera explorar uno tal vez más oculto: la subsistencia de la lógica política de la represión introducida por la dictadura.

Los militares crearon en Brasil un modelo de Estado caracterizado por las medidas de excepción y la centralidad de la seguridad nacional, que se volvió punto de referencia para casi toda América Latina. Además de la penetración militar de las instituciones estatales, este modelo se basó en la necesidad de asegurar el orden social en contra de dos amenazas: el comunismo y las demandas crecientes de las clases populares. Ambas se consideraban fuentes de contagio del “cuerpo político”, las cuales había que amputar a toda costa so riesgo de paralizar el desarrollo. Para esto, el uso sistemático de la represión se volvió la fórmula elegida.

La ocupación militar realizada en estos días —poco antes del inicio de la Copa Mundial de Fútbol— en el complejo de Maré en Río de Janeiro, ubicado en la ruta entre el aeropuerto y el centro de la ciudad, y en donde residen 130.000 brasileños pobres, ilustra bien las líneas de continuidad que existen entre el presente y el pasado. Iniciada en 2008 con el fin de combatir los grupos criminales y la violencia en las favelas, la estrategia de la “pacificación” ha enfrentado severas críticas, entre otras razones por el uso excesivo de la fuerza en contra de la población civil.

Algunos datos que ilustran la prolongación de las prácticas del Estado de seguridad nacional se refieren a la brutalidad policial y a las cárceles de Brasil. Según el Ministerio de Justicia, tan sólo en 2012, 1.890 civiles murieron a manos de la Policía, mientras que en los últimos tres años han crecido en 129% las denuncias de tortura cometidas por agentes de seguridad. Se tratan de prácticas normalizadas por la dictadura que han experimentado un grado significativo de naturalización en la democracia, con la diferencia de que ahora, en lugar de dirigirse contra la izquierda “comunista”, sus víctimas principales son los sectores marginados. La población carcelaria, que la ONG Conectas afirma ha crecido 355% durante los últimos 20 años, refleja esta tendencia, ya que está compuesta en el 75% por hombres y mujeres negros condenados por crímenes asociados con el narcotráfico.

El dolor y la insistencia con que los brasileños se refieren a este aniversario contrastan con el enajenamiento y el silencio de los colombianos frente a los suyos, pese a un pasado igualmente, si no más, horrífico que el brasileño, y conexiones similares con el presente, como las ejecuciones extrajudiciales y la impunidad. Como Brasil, mientras Colombia trata de moverse hacia adelante anclada a una historia sórdida que coexiste de forma incómoda con la idea de un “nuevo” país, un mejor futuro será difícil de imaginar.