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Sea quien sea el ganador de las reñidas elecciones venezolanas, no será fácil gobernar en ese país, y no sólo por la sombra de incertidumbre que ambos candidatos han puesto sobre los resultados.
Más preocupante aún, factores como la inseguridad ciudadana, la corrupción y la insostenibilidad del modelo socioeconómico han puesto a Venezuela al borde de la ingobernabilidad.
Un estudio de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indica que Venezuela ocupa el quinto lugar en el mundo en tasas de homicidio, después de Honduras, El Salvador, Costa de Marfil y Jamaica, con 49 por cada 100.000 habitantes, cifra parecida a la que se reconoce oficialmente. Mientras tanto, la preocupación de los venezolanos por la inseguridad ha adquirido niveles epidémicos. La encuesta de Latinobarómetro 2011 indica que 91% cree que la delincuencia ha aumentado y 67% considera que el país es cada día más inseguro. Pese a que 74% cree que el Estado puede resolver este problema, tal vez por el carisma de Chávez, la confianza en la Policía (26%) es la más baja de la región. Los altos niveles de impunidad reflejan también la erosión de la administración de la justicia.
Si bien Chávez no inventó la corrupción en Venezuela, ésta ha crecido. El boom petrolero, el asistencialismo “agresivo” y la falta de rendición de cuentas sobre los dineros públicos han nutrido a una corrupción burocrática generalizada, aunque la vinculación de las Fuerzas Armadas a actividades ilegales (incluyendo el mercado negro de petróleo) es un caso más extremo. En la medida en que Venezuela se ha convertido en un centro neurálgico de tránsito del narcotráfico, el involucramiento de la Guardia Nacional y el Ejército ha sido mayor. Es indiscutible que el alto número de vuelos ilegales que salen con cargamentos de cocaína ocurre con la complicidad de las autoridades. Aún más alarmantes son las evidencias de que algunos sectores están desempeñando papeles mayores como intermediarios en el negocio.
Nadie cuestiona el aumento de la inversión del Estado venezolano en distintos programas sociales relacionados con la salud, la educación, la alimentación y la vivienda. Sin duda, ello ha redundado en una disminución en el número de pobres, una reducción en las tasas de desempleo, un aumento en los ingresos promedio de la población y mejorías en muchos indicadores del Índice de Desarrollo Humano de PNUD. Pese a lo anterior, esta estrategia asistencialista ha inflado el tamaño de la burocracia estatal así como la deuda pública, que es tres veces mayor que cuando Chávez asumió la Presidencia en 1999. Además, el boom no se ha utilizado para mejorar la infraestructura petrolera ni para fomentar la diversificación económica —el país es petróleo— dependiente en un 95%.
Fuera de discutir la contienda electoral —que es de proporciones históricas—, hay que enfocar el análisis en cómo, tanto Chávez como Capriles, piensan confrontar la crisis que se avecina y las múltiples formas en las que la ingobernabilidad en Venezuela puede afectar a Colombia.