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Arizona y el consenso perdido

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En abril de 2009 pasó desapercibido un informe del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en el cual se advertía que la crisis económica y la elección del primer presidente afroamericano en dicho país estaban siendo manipuladas por grupos de derecha para sembrar miedo entre la población y reclutar nuevos miembros, y que era de esperarse la radicalización del discurso extremista.

 Tampoco recibió mucha atención la entrevista realizada por la cadena NBC a Gabrielle Giffords en marzo 2010, luego de la vandalización de su oficina por votar a favor de la ley de salud de Obama. Ante la advertencia hecha por la congresista de Arizona de que el señalamiento de su distrito electoral con la mira de un rifle en la página web de Sarah Palin no podía considerarse un gesto inocuo, el presentador la desmintió al sugerir que la retórica de la política se había vuelto inconfundible con la de la guerra.

La masacre reciente de Tucson, en la cual murieron 6 personas —entre ellas un juez federal amenazado de muerte por un fallo a favor de inmigrantes ilegales— y fueron heridas 14 más, incluyendo a Giffords, obliga a preguntar por la naturalización de la violencia política en EE.UU. Ésta suele explicarse como una aberración de la conducta “normal” que en poco o nada se relaciona con el orden social y político imperante. Es el caso del acusado Jared Lee Loughner, como lo fue en su momento el de Timothy McVeigh, el responsable del bombardeo de un edificio federal en Oklahoma en 1995. Ambos individuos han sido representados como desviaciones enfermizas y psicópatas de la cultura política estadounidense, entre cuyos rasgos centrales se encuentra, supuestamente, la ilegitimidad de la violencia.

Se trata de una lectura problemática que no sólo desconoce la prevalencia del discurso de la violencia en el debate público, sino que ignora el grado en el cual Estados Unidos se ha convertido en una sociedad dividida. En cuanto a lo primero, es difícil negar que la retórica de las armas, fundamentada en la defensa de la Segunda Enmienda, pueda tener efectos concretos. Sobre todo cuando afirmaciones como “los hombres con armas hacen las reglas” —hecha por el vicepresidente de la Asociación Nacional del Rifle (NRA)— o no hay que retroceder sino “recargar” —hecha por Palin— y disparar simbólicamente a la oposición y sus ideas durante campañas y eventos políticos, se han convertido en expresiones cotidianas de la ultra derecha. En lo segundo, la existencia de creencias divergentes sobre la justicia y el papel del Estado, entre otros, así como la polarización del discurso público, evidencian cuán fracturada está la cultura política de Estados Unidos.

En su discurso de hace una semana sobre lo ocurrido en Arizona, el presidente Barack Obama hizo un llamado a la civilidad en la política así como a la expansión de la imaginación moral de la nación. Para que lo de Tucson se convierta en un verdadero hecho transformativo y no se repita la amnesia que sucede a tragedias como esta, la sociedad estadounidense tendría que comenzar por reconocer las diferencias profundas que tiene sobre aspectos neurálgicos de la vida colectiva y acordar cómo administrarlas sin violencia ni la retórica que la incentiva.  Juzgando por el pasado no hay muchos motivos para el optimismo.

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