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Un fuerte descenso en las encuestas llevó al candidato presidencial Mitt Romney a tomar una decisión estratégica audaz: cambiar los términos del juego electoral.
Uno de los grandes obstáculos que ha aquejado a su campaña es que el estadounidense promedio no se siente cómodo con él, en parte porque proyecta una imagen de desinterés ante los problemas de las clases medias y bajas, pero también porque su personalidad carece de “gracia”. Peor aún, las encuestas demuestran que entre más lo conocen los votantes, menos les gusta. Según la más reciente encuesta de Gallup y USA Today, si bien Romney goza de tasas mayores de aceptación que el presidente Barack Obama en asuntos como la economía, los impuestos, el déficit y el trabajo, éste le lleva más de 30% en aspectos como la empatía y la confianza que suscita. Aunque para muchos electores el recién escogido compañero de fórmula republicana, Paul Ryan, es relativamente desconocido, su juventud y carisma combinados con su reconocimiento como legislador inteligente, honesto y sin agendas ocultas pueden compensar la falta de afabilidad de Romney.
El proceso que llevó a la selección de Ryan obedece a un simple cálculo numérico. En estados claves del Medio Oeste, como Wisconsin (de donde es oriundo) y Ohio, en donde ganó Obama en 2008 y ahora lleva una leve ventaja, se estima que su inclusión en la fórmula puede voltear esa tendencia. Dada la incapacidad de Romney para mejorar su favorabilidad entre la franja independiente, también se estima que la inclusión de un ideólogo “pragmático” de la ultraderecha y favorito del Tea Party permitirá movilizar a más votantes conservadores de los independientes a los que marginará.
No es una apuesta exenta de riesgos. Con la llegada de quien preside el Comité Presupuestal de la Cámara de Representantes, el debate electoral comienza a girar hacia el déficit fiscal —que asciende a un billón de dólares anuales— y, más aún, el tamaño que debe tener el gobierno federal. El “plan Ryan” —presentado en 2011 y 2012, respaldado por la mayoría de los republicanos en la Cámara y archivado en el Senado— constituye la propuesta presupuestal más radical de toda la historia moderna de los Estados Unidos. Entre sus aspectos más polémicos está la privatización del Seguro Social, la finalización de Medicare, la reducción de los impuestos de los más ricos y el recorte del gasto público en 60%. Dado que Romney ha prometido no reducir los gastos en defensa, se deduce que habría que eliminar todo lo relacionado con salud, asistencia social, educación, investigación y desarrollo e infraestructura.
No sorprende que la campaña republicana no haya explicado los efectos concretos que tendría el “plan Ryan” sobre el funcionamiento del gobierno federal. Una encuesta del Pew Research Center sugiere que este puede ser el talón de Aquiles de la estrategia de Romney. Pese a que 84% de los republicanos identifican la reducción del déficit como una prioridad “alta” —mucho más que los demócratas y los independientes, que consideran que la economía y la situación laboral son más importantes—, la mayoría de los estadounidenses, sin importar su afiliación partidista, no apoya semejantes recortes en el gasto público. Así, aunque Ryan podría asegurar el triunfo de Romney, es igualmente probable que aumente aún más el margen de su derrota.