Cese al fuego y verificación internacional

Aunque se presupone que la veeduría internacional hace menos probable la violación de este tipo de pacto, la frecuencia con la que sus términos se infringen en la mayoría de los casos recientes de conflicto interno plantea la posibilidad de que la presencia de monitores externos no garantice su cumplimiento. Por ende, el anuncio del presidente Santos de que acudirá al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para pedir formalmente el monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral con las Farc invita a una mayor reflexión sobre los posibles alcances de esta propuesta.

A diferencia de las misiones relacionadas con el mantenimiento de la paz, que representan la mayoría de las actividades de la ONU en este campo, el monitoreo de un cese al fuego constituye una actividad más restringida y más sencilla en términos técnicos. Empero, su puesta en marcha antes de la firma de un acuerdo también lo hace más complejo en términos políticos, ya que los veredictos de los monitores afectan las percepciones públicas sobre la confiabilidad y el compromiso de las partes.

El hecho de que el fin último de un cese al fuego sea llegar a un acuerdo de paz dificulta la labor de los monitores, en la medida en que estos suelen dejar de publicitar las violaciones y presionar a sus responsables si perciben que con ello ponen en riesgo el proceso. Sumado a la escasez de herramientas que tienen a su alcance para forzar el cumplimiento, el resultado puede ser el respeto tan solo parcial del cese al fuego. De allí que factores como la imparcialidad de los integrantes de la misión, el alcance de ésta y su apropiación por las partes y por la sociedad sean determinantes. Por ejemplo, la imposibilidad de desplegarse a todo un territorio nacional exige que los monitores vigilen por igual a las zonas controladas por el gobierno que las de la insurgencia. A su vez, hasta qué punto los términos de un cese al fuego incluyen aspectos no militares, tales como la intimidación, extorsión y violencia sexual, y cuentan con la participación de actores locales, puede afectar su credibilidad.

El eventual monitoreo y verificación internacional en Colombia, que arrancaría antes de la firma del acuerdo de paz con las FARC, refleja estas ambigüedades. Si bien la concentración territorial de la guerrilla solventaría uno de los problemas que otras misiones han enfrentado, el monitoreo de las actividades de la fuerza pública no correría similar suerte. La definición de lo que sería una violación del cese al fuego aún no se ha explicado a la opinión pública, como tampoco el eventual rol de la sociedad civil. Aunque la ONU parece contar con muchas ventajas comparativas, el acompañamiento de la Unasur ofrece otras. En últimas, se trata de una propuesta que suscita más preguntas que respuestas.