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A pesar de que tan sólo ha salido un puñado de los cables de Wikileaks relacionados con Colombia, es posible identificar una serie de tendencias y temarios en lo que concierne a las relaciones con Estados Unidos y los vecinos, sobre todo Venezuela. Asimismo, los cables ponen al descubierto tensiones significativas entre distintos sectores del Estado colombiano, tanto civiles como militares, en lo que respecta a problemas como el Estado de Derecho, las instituciones democráticas y los Derechos Humanos.
En cuanto a la relación bilateral Colombia-Estados Unidos, sobre la que girará este artículo, los cables ratifican la bien conocida actitud imperial estadounidense, pero al mismo tiempo confirman la teoría sobre la insistencia colombiana en su intervención en los asuntos internos del país, la cual raya a veces con una sumisión avergonzante. Al mismo tiempo, sin embargo, hay evidencias de que en algunos casos la interacción con funcionarios colombianos se parece más a una relación entre pares.
Intervención por invitación
El imaginario dominante sobre las relaciones entre Colombia y Estados Unidos versa que, después de la pérdida de Panamá, el país asumió una posición introvertida y relativamente sumisa, dando lugar a su proyección vis-à-vis la potencia como “subordinado”, “aliado”, “asociado” y “amigo”. A pesar de la existencia de esta constante en el comportamiento internacional colombiano, durante el gobierno de Andrés Pastrana y sobre todo los dos de Álvaro Uribe hubo una ampliación considerable de lo que se estimaba un nivel admisible y deseable de cercanía con el gobierno y las Fuerzas Armadas estadounidenses, y de influencia suya en el contexto nacional.
No se puede desconocer la actitud impositiva de Estados Unidos, la cual se evidencia en distintas exigencias e instrucciones formuladas ante representantes del gobierno colombiano. En una reunión del 4 de agosto de 2005, el subsecretario de Asuntos Políticos del Departamento de Estado le urge al presidente Uribe renovar públicamente su compromiso con los Derechos Humanos, enfatizando que “necesitamos ver en sus declaraciones y acciones… determinación y compromiso”.
Asimismo, éste pide al mandatario de Colombia responder ante las preocupaciones en Washington de que la Ley de Justicia y Paz impedirá futuras extradiciones. Aunque se percibe el mismo tono “mandón” en cables que describen las relaciones con muchos otros países, sorprende, por ejemplo, la diferencia en el trato estadounidense que se percibe hacia funcionarios brasileños, frente a los cuales la relación es mucho más de “tú a tú”.
No obstante lo anterior, es sorprendente no sólo la insistencia con la cual el propio Gobierno colombiano invita a Washington a entrometerse en los asuntos internos del país sino la falta de reparos que produce su subordinación. En un cable con fecha del 4 de agosto de 2005, por ejemplo, el ministro de Defensa Juan Camilo Ospina se jacta —en presencia del presidente Uribe— de ser el “suplente” del secretario Rumsfeld en Colombia, “coordinando su tercer frente en la guerra contra el terrorismo”, mientras que en ese mismo documento se alude a otra reunión en la que Ospina pide una relación de cooperación en defensa “lo más profunda posible”.
En otro, fechado el 14 de abril de 2008, el general Freddy Padilla, comandante de las Fuerzas Militares, recuerda al embajador estadounidense el interés del presidente Uribe de concluir un acuerdo para ubicar una localización de seguridad cooperativa (CSL) en la base de Palenquero, reconociendo a su vez que busca en parte con ello provocar una reacción de Venezuela y Ecuador.
Otro indicador de los escasos márgenes de autonomía con los que ha operado Bogotá es la cantidad de funcionarios de distintas instituciones públicas que desfila regularmente ante la Embajada de los Estados Unidos para someter distintos aspectos de la política interna a las opiniones de Washington.
En los cables que han sido publicados, los ejemplos van desde el encargado de la Oficina de Pasaportes de la Cancillería, quien advierte sobre el fraude que se está presentando en la solicitud de ciudadanía colombiana —aunque el mismo cable aclara que éste no tiene relación ninguna con Estados Unidos— hasta la solicitud del general Padilla de que el gobierno estadounidense ayude a identificar a los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en actividades ilegales —ante la cual el embajador Brownfield le responde que no se puede sustituir el proceso legal en Colombia ni socavar su capacidad y responsabilidad institucional.
Ocaso de la “relación especial”
A pesar de la cercanía estrecha entre los dos países, es evidente el desmoronamiento en la relación bilateral y la creciente tensión entre el gobierno Obama y el presidente Uribe. Entre el cable fechado 4 de agosto de 2005, en el cual el tercer funcionario del Departamento de Estado elogia a Uribe y reitera el “fuerte apoyo” del gobierno de George W. Bush, al del 9 de febrero de 2010, que describe una reciente reunión del subsecretario Steinberg con distintos representantes colombianos, hay una marcada diferencia.
El segundo se lee como una especie de “diálogo de sordos”, en el cual Uribe insiste en la importancia del apoyo estadounidense para combatir a las Farc y al narcotráfico, y Steinberg manifiesta la preocupación de Washington por los Derechos Humanos y la impunidad, insistiendo en la necesidad de resolver los problemas “más amplios” de Colombia, entre ellos la pobreza y la desigualdad. Ante las preguntas del estadounidense sobre las bandas criminales y la participación de ex paramilitares en ellas, el cable sugiere, incluso, que hubo incomodidad y evasión por parte de los colombianos.
“Nuestro” hombre en Bogotá
El hecho de que el general Óscar Naranjo sea descrito en dos de los cables como el miembro “más inteligente y mejor informado” del gobierno de Colombia, con análisis que aunque basados en la especulación, tienen “un buen récord de éxito”, confirma no sólo la credibilidad de la que goza la Policía Nacional en Estados Unidos, sino la importancia de Naranjo como “el hombre de Washington en Bogotá”.
Un cable desclasificado de 1996 y publicado por el National Security Archive, en donde éste, como director de la Dipol, reconocía ante el entonces embajador Frechette que la Fuerza Pública colombiana no actuaba en zonas del país bajo control paramilitar, sugiere además, que se trata de una relación de tiempos atrás.
Más allá del contenido de los cables más recientes, el cual ha sido ampliamente comentado en los medios colombianos, llama la atención los términos de la interacción entre Naranjo y el embajador.
Éste escucha atentamente y con evidente respeto al Director de la Policía, no sólo sobre temas que le incumben al General, entre ellos el escándalo del DAS y la “disfuncionalidad” del Ministerio de Defensa, sino sobre aspectos políticos de la vida nacional que no corresponden a su cargo, como la dificultad de elegir al Fiscal y lo que Naranjo percibe como un creciente sentimiento antiestadounidense en Colombia.
Unas próximas entregas serán dedicadas a las relaciones de Colombia con los vecinos, sobre todo la obsesión del presidente Uribe con Hugo Chávez y la tensión que se evidencia en los cables entre lo que podría denominarse el país parroquial y el país moderno, entre otros.
* Columnista de El Espectador