Cooperación por proxy

En la era post Irak y Afganistán, y post crisis económica, la importancia de las fuerzas de operaciones especiales, que dejan una “huella ligera” (light footprint), ha crecido frente a las intervenciones militares a gran escala. Su objetivo es enseñar a otros países a combatir las amenazas a su seguridad y, dado el carácter transnacional de muchas de ellas (terrorismo y el crimen organizado), trabajar en red con otras fuerzas especiales, incluyendo las de Colombia, un caso emblemático por la duración de la campaña estadounidense, el monto de los recursos invertidos y la variedad de tareas de consolidación estatal realizadas.

Mientras que la estrategia de los presidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe fue de “intervención por invitación” —caracterizada por solicitudes expresas para que EE.UU. participara en el combate contra el narcotráfico y la guerrilla, dada la debilidad del Estado—, la de Santos podría denominarse “cooperación por proxy”. La guerra proxy, común durante la Guerra Fría, consiste en el uso de terceros para desarrollar un conflicto de forma indirecta, evitando así los costos asociados con un ascenso directo. De forma similar, Washington actúa ahora a través de suplentes como Colombia para ejecutar sus programas de cooperación en seguridad. Un rol para el cual el Gobierno Nacional se ha postulado activamente.

Desde la perspectiva estadounidense, la construcción de capacidades locales para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico a través de un proxy colombiano en Centroamérica y el Caribe (por no mencionar África Occidental), permite brindar el mismo entrenamiento a un menor costo económico y político, argumento que Bogotá también ha empleado para seducir a Washington. Además, como dijo en privado un alto funcionario, “cada lugar donde un colombiano entrena a alguien es uno menos en donde el ALBA pueda causar problemas”. Para Colombia, la formación de 9.000 militares y policías latinoamericanos entre 2010 y 2012, entre otros logros de la exportación de su modelo de seguridad, permite acreditar su “historia de éxito”.

Una relación así, aún cuando es asimétrica, admite márgenes considerables de maniobra por parte del proxy frente al patrono, por ejemplo: diferencias de opinión, como ocurre con el protagonismo del presidente Santos en el debate regional sobre las políticas antidrogas; reclamos, como los que se presentaron por el escándalo del espionaje; y el desarrollo de agendas propias, como el uso instrumental de la “historia de éxito” para gestionar el ingreso a clubes selectos (la OECD y la OTAN), y promover TLC e inversión extranjera.

Pero hay aspectos ocultos. Al tiempo que Colombia comparte su know-how “bueno”, es posible, ante la falta de transparencia que hay en torno a la “cooperación por proxy”, que traslade también prácticas “malas”, entre éstas, falsos positivos, desapariciones forzosas y alianzas con el paramilitarismo, el que también parece haberse puesto al servicio de países como Honduras.