De civiles y militares

Después de nueve años, un gasto total de US$280.337 millones, un presupuesto mensual actual de $7.000 millones (equivalentes a toda la ayuda de Estados Unidos para Colombia desde 2000) y aumentos considerables en el número de tropas —que suman casi 100.000— y de soldados muertos, el gobierno Obama parece más lejos que nunca de su meta de iniciar el retiro a partir de julio 2011. Casi la mitad de los estadounidenses piensa que la guerra se está perdiendo e igual número cree que terminarla es más importante que ganarla. Al Qaeda —la “razón de ser” para que la presencia estadounidense se intensificara— ya no está en Afganistán, sino principalmente en Pakistán. Y existe un reconocimiento tácito de que la única “solución” no es militar, sino que se halla en la negociación política.

El despido reciente del general comandante en Afganistán, Stanley McChrystal, a raíz de un polémico artículo publicado en la revista Rolling Stone —en donde éste hace gala de su desdén por el liderazgo civil— sugiere cuán divididos están distintos sectores en Washington sobre el rumbo futuro de la guerra. Más importante aún, apunta a un preocupante “envalentonamiento” de los militares. El “matoneo” a la Casa Blanca por parte del McChrystal comenzó poco después de su nombramiento, apenas Obama asumiera la presidencia. No sólo filtró un informe a la prensa que concluía que, sin más tropas, la misión en Afganistán fracasaría, sino que cuestionó públicamente la estrategia antiterrorista promovida por el vicepresidente Joseph Biden. Menos comentado pero muy diciente, poco antes del incidente de Rolling Stone el general hizo un briefing a los integrantes de la misión de la OTAN en Afganistán, en el que reconoció que su estrategia no estaba arrojando los resultados deseados, lo cual fue interpretado como un intento por torpedear los planes de iniciar el retiro de tropas.

Como explicó Obama al pedir la cabeza del general McChrystal — una decisión acertada y necesaria— la democracia “depende de instituciones que son más fuertes que los individuos. Esto incluye un apego irrestricto a la línea de mando militar y el respeto por el control civil sobre dicha línea de mando”. El caso de Afganistán confirma que la subordinación del poder militar a la autoridad política civil sigue siendo un reto grande de las democracias contemporáneas, sobre todo en épocas de inseguridad o guerra. Y aquí el contraste entre Estados Unidos y Colombia es evidente. A pesar de que el control del Presidente de la República y el Ministro de Defensa —ambos civiles— sobre las Fuerzas Armadas es indiscutible, se ha vuelto común en el país ver a la autoridad civil aliada con los militares, incluso en contra de otras instituciones del Estado, como ha ocurrido en el caso de la Rama Judicial. Con ello se ha reafirmado una visión reducida de la seguridad en lugar de defender los intereses más amplios de la sociedad, y se ha debilitado de paso la gobernabilidad democrática y socavado el necesario compromiso a la neutralidad que debe caracterizar al estamento militar. Un legado más con el que el gobierno entrante de Juan Manuel Santos tendrá que lidiar.