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En la diplomacia, la negociación y el derecho internacional, la buena fe de los estados cumple un propósito normativo esencial. Dejando a un lado el execrable atentado contra la Escuela de Cadetes cometido por el Eln, la conducta reciente del Gobierno colombiano frente al mundo deja mucho que desear respecto a dicho principio y pone en riesgo la credibilidad del país a futuro.
Pese a su insistencia en que las negociaciones con el Eln correspondían a una política de la anterior administración pero no a la actual, la representante a la Cámara Juanita Goebertus ha argumentado que entre agosto y septiembre de 2018 hubo al menos siete conversaciones telefónicas entre el alto comisionado para la Paz y representantes del Eln, reuniones periódicas en su despacho con los gestores de paz de dicho grupo, un encuentro en Oslo organizado por Noruega que no se realizó, y comunicación permanente con Cuba. Sin embargo, a partir del 20 de noviembre la disposición gubernamental comenzó a cambiar, en especial frente a La Habana. El Ministerio de Relaciones Exteriores pidió hacer efectiva la circular roja de Interpol contra alias Gabino y aumentó sus solicitudes de información sobre la presencia en la isla de otros miembros del Eln, estrategia similar (pero menos entendible) a la empleada frente a Venezuela desde inicios de este año. Asimismo, comenzó a presionar a países como Noruega y Suecia para que endurezcan su discurso frente a los actos de la guerrilla.
El apartamiento del gobierno Duque de la vía del diálogo y del acompañamiento internacional terminó completándose con el atentado, frente al cual ha insistido que los protocolos acordados previamente con el Eln y los países garantes en caso de ruptura no son políticas de Estado y que además sería antiético implementarlos porque “amparan al terrorismo”. Adicionalmente, en el cuasi ultimátum que han entregado a Cuba para capturar y extraditar a los guerrilleros negociadores a Colombia, el alto comisionado y el canciller han afirmado que si la isla no acepta, “desconoce lo que pide la ONU”. Empero, lo que aportan como prueba de una supuesta posición del Consejo de Seguridad es un comunicado de prensa genérico, sin obligatoriedad ni referencia alguna a Cuba. Más desconcertante aún, al tiempo que los oficiales colombianos le apuestan ahora al discurso antiterrorista, el jefe de la Misión de Verificación del proceso de paz con las Farc se encuentra en Naciones Unidas presentando su informe.
Por más que trate de convencer a la comunidad mundial, lo único que va a lograr el Gobierno con esta argumentación criolla, además de sepultar cualquier perspectiva de paz negociada con el Eln —cuya miopía política lo hace también responsable—, es meterse en un callejón diplomático y reputacional sin fácil salida. En la cuestionable apuesta por rehuir de los deberes estatales, arrinconar a Cuba e instrumentalizar a la ONU, la figura del garante internacional, tan crucial para salir de las guerras internas, se podría venir al traste en Colombia, si no en el mundo. Igualmente, irrespetar lo acordado con otros países podría interpretarse como un acto de mala fe, con enormes costos a futuro. Por ello, bajar el tono del discurso actual y explorar con los garantes (exceptuando Venezuela) fórmulas más sensatas —dentro de lo ya acordado— para salir del impasse actual es el único camino.