Doctrina de seguridad y posconflicto

Desde 2009, Colombia ha brindado entrenamiento policial y militar a más de 30.000 personas de medio centenar de países en distintas habilidades y tácticas derivadas de la experiencia nacional en el combate del narcotráfico y la insurgencia armada. Con el anuncio de la firma de la paz entre el Gobierno y las Farc, la “diplomacia de la seguridad” ha adquirido mayor urgencia debido a la eventualidad de un recorte de personal —siendo las Fuerzas Armadas más grandes de América Latina después de las de Brasil— y a la necesidad de redireccionar ciertas capacidades instrumentales que quedarán cesantes una vez termine el conflicto armado.

Lo anterior constituye una sola de las formas en las que la Fuerza Pública colombiana se está repensando con miras a acoplarse a los cambios de rol, estrategia y agenda que se avecinan en el terreno de la seguridad y la defensa. Y como ha ocurrido en el caso de la justicia transicional, la amplia experiencia internacional en la materia, tanto positiva como negativa, constituye un insumo invaluable para analizar y planear dicha transformación.

Los distintos procesos de reforma del sector seguridad que se han implementado alrededor del globo desde la década de los noventa combinan grados diferentes de reestructuración de la Fuerza Pública, diseño y apropiación local, participación extranjera y control civil. La resistencia del mismo sector a ceder el control sobre sus actividades constituye un denominador común en todos ellos, y la construcción de capacidades entre la sociedad civil (medios, academia, ONG y otros) para mejorar la calidad del debate público, así como la veeduría y la transparencia, el sello distintivo de los más exitosos. En términos generales, entre menos dirección política-civil y participación de la sociedad en la formulación y revisión de las nuevas políticas, más estrechas tienden a ser las reformas y menos adecuadas a los retos del posconflicto.

Sin embargo, en un foro público reciente sobre la nueva doctrina militar, el comandante del Ejército, general Alberto José Mejía, afirmó que los cambios “los hacemos nosotros, que somos los que sabemos de estos temas… Aquí no va a venir ningún civil ni ninguna organización a hacernos esos cambios”. Si bien la experticia de la Fuerza Pública es innegable, una paz prospectiva exige no sólo la exportación internacional de este “producto” sino la democratización de todo lo que lleva el nombre de la seguridad y la defensa.