El fantasma de la doctrina Monroe

Semejante confesión pone de presente el (lento) reconocimiento estadounidense de que su influencia en América Latina y el Caribe ha sufrido un declive palpable, que los países de la región han comenzado a partir cobijas y que otros actores, desde Europa hasta China, Irán y Rusia, han ganado terreno en el hemisferio. No obstante, en el caso de Colombia, EE.UU. no está ausente ni distanciado sino vivo y coleando. Incluso, podría afirmarse que la disminución en sus niveles generales de poder, en conjunción con la aparición de varios proyectos “anti-hegemónicos” (como ALBA, Unasur y Celac), ha potenciado el valor geoestratégico de Colombia como uno de los pocos socios (si no el único) que pueden ser desplegados en pro de los intereses comerciales y de seguridad de Washington en la región.

Se trata de un rol no impuesto sino cultivado activamente por Bogotá. Desde que fue ministro de Defensa de Uribe, y con más insistencia en su propia presidencia, Juan Manuel Santos ha elogiado el Plan Colombia como “la iniciativa bipartidista más exitosa de Estados Unidos en los últimos tiempos”. Aunque esta “historia de éxito” ha cimentado una estrecha alianza en torno a la exportación del modelo de seguridad resultante a terceros países, la necesidad de garantizar la irreversibilidad de los supuestos logros de Plan Colombia también ha justificado la conservación de niveles importantes de asistencia militar, policial, social y económica por parte de EE.UU. En efecto, según la base de datos Just the Facts, desde 2008 Colombia ha seguido siendo el primer receptor de ayuda, sobre todo militar-policial, pese a la aparición de México y Centroamérica como nuevos focos de actividad criminal y violencia relacionada con el narcotráfico. Mientras que nuestro país ha recibido un promedio anual total de $563 millones en este período, los otros dos recibieron $388 y $519, respectivamente.

Con el fin de darle continuidad al status colombiano como partenaire dependiente, uno de los objetivos de la visita de Santos a Washington fue buscar el apoyo material (y no solo simbólico) de Barack Obama y del Congreso al proceso de paz, en especial para la implementación de los diferentes puntos acordados con las FARC, que requerirán políticas específicas y presupuesto propio. En el otro tema central de la agenda de esta semana en EE.UU., comercio e inversión, el TLC solo ha profundizado la penetración estadounidense en la economía nacional como inversionista principal y surtidor de productos y servicios.

Pueden ser cosa del pasado los elementos más ramplones de la doctrina Monroe, pero su fantasma sigue condicionando las políticas de EE.UU. hacia la región y las actitudes de algunos países frente al (antiguo) colosal del norte. Apalancar la política exterior de Colombia en función del asocio estratégico singular que tiene con Washington pero operar simultáneamente bajo su sombra, que es lo que parece pretender el gobierno Santos, puede traer más costos que utilidades.