Extradición: un debate ineludible

La semana pasada, con motivo de la negativa de la Corte Suprema de Justicia de extraditar a alias El Alemán a Estados Unidos, el presidente Uribe criticó las restricciones que han comenzado a imponerse en casos en donde la Corte considera que el derecho de las víctimas del paramilitarismo a la verdad, la no impunidad y la reparación sobrepasa en orden de importancia los delitos del narcotráfico.  Además de pedir que éste sea considerado un crimen de lesa humanidad, el primer mandatario afirmó que la extradición constituye un tema de orden público y relaciones internacionales que “corresponde también a las competencias del Gobierno y las Fuerzas Armadas”.

Más allá de la indebida, pero acostumbrada intromisión en las decisiones independientes de la Rama Judicial, la polémica invitación a que los militares también opinen sobre éstas, y el hecho de que difícilmente pueden equiparse el tráfico de drogas ilícitas con crímenes generalizados contra la humanidad —como las masacres, el desplazamiento forzado o el genocidio— el Presidente de la República tiene razón en decir que es urgente realizar un debate sobre la extradición. No por los motivos que él aduce, sino justamente por el sobreuso que ha sufrido este mecanismo durante sus dos mandatos.

Como sugieren sus propias declaraciones, Uribe considera que la extradición debe ser funcional a los objetivos centrales del Gobierno: mejorar el orden público mediante el desmantelamiento de las organizaciones del narcotráfico y la negociación “con garrote” con los paramilitares (y la guerrilla); y estrechar los lazos con Estados Unidos, para el cual la extradición constituye un componente fundamental de la lucha antidrogas. Uno de los resultados de esto ha sido que la extradición se ha convertido en un arma política, utilizado masiva y cotidianamente, en lugar de un mecanismo jurídico selectivo y excepcional.  Durante los últimos ocho años alrededor de 1.000 colombianos han sido extraditados a Estados Unidos, cifra que triplica el número total de extradiciones aprobadas durante todos los gobiernos anteriores.  Entre éstos, muchos son actores marginales del negocio, incluyendo mulas y oficinistas.

A raíz de lo anterior, la justicia estadounidense ha ido reemplazando a la colombiana en el manejo del problema del narcotráfico, con lo cual la soberanía jurídica del país se ha visto seriamente minada. El cuestionamiento público por parte de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos de algunas de las decisiones recientes tomadas por la Corte sobre la extradición de capos paramilitares sugiere un nivel de injerencia pocas veces visto en la relación bilateral.

Entre los interrogantes que son ineludibles de resolver se destacan algunos: ¿Es legítimo utilizar la extradición para satisfacer los intereses políticos de un gobierno? ¿Ha sido efectivo para resolver el problema del narcotráfico en el país? ¿Hasta qué punto ha afectado negativamente la Ley de Justicia y Paz? ¿Son incompatibles el fortalecimiento de la justicia en Colombia y el mantenimiento de buenas relaciones con Estados Unidos?

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Dentro de su investigación “Usos y abusos de la extradición en la lucha contra las drogas”, la Fundación Ideas para la Paz publicó una serie de documentos invaluables sobre este tema.