Gobierno por decreto

La orden ejecutiva es un directivo promulgado por el presidente que permite modificar las prácticas públicas existentes. En el caso de la ley migratoria estadounidense, cuyas falencias son notorias, lo que pide Obama es que la deportación —que ha crecido exponencialmente en este siglo hasta llegar a 400.000 personas por año en la actualidad— no sea practicada a parientes indocumentados de ciudadanos y residentes legales, en muchos casos niños, que no tengan antecedentes criminales y que llevan al menos cinco años viviendo en Estados Unidos. Aunque no corrige los problemas de fondo de los 11,5 millones de personas que residen ilegalmente en el país, la medida resuelve temporal y parcialmente la agonía e incertidumbre de muchas de ellas.

Gobernar por decreto constituye una práctica común en la democracia estadounidense. Entre 1900 y 2012, los presidentes han emitido 44 órdenes ejecutivas por año en promedio, siendo menor su uso por parte de Obama. Además de decisiones rutinarias, la figura ha sido utilizada para adoptar políticas de trascendencia nacional. Entre las más célebres (positivas y negativas), la Proclamación de Emancipación (Lincoln); la transferencia forzosa de ciudadanos estadounidenses de origen japonés y alemán a campamentos internos durante la Segunda Guerra Mundial (FDR); la intervención federal de las fábricas de hierro en los cincuenta (Truman); la desegregación de las Fuerzas Armadas (Truman) y de las escuelas públicas (Eisenhower) y la acción afirmativa (JFK y Johnson). A su vez, tanto Reagan como George H. W. Bush adoptaron decisiones similares a la de Obama para aliviar la situación de grupos específicos de inmigrantes ilegales.

Quienes critican la medida argumentan que las constituciones democráticas no están hechas para que el presidente actúe solo ni en contravía de la ley. En el pasado, Obama mismo había sido reacio a invocar su autoridad ejecutiva frente a este tema, hasta que la renuencia de la Cámara de Representantes a votar sobre una nueva ley migratoria aprobada por el Senado en junio de 2013 y las elecciones de mitaca impusieran una posición contraria. Incluso, el programa liberal, Saturday Night Live, no pudo evitar parodiar lo ocurrido en su último episodio como un pisoteo legal. Y otros resaltan el ejemplo ambiguo que se envía con decisiones como esta a países menos democráticos en donde Estados Unidos tiene la supuesta misión de promover dicho régimen.

La experiencia estadounidense sugiere que el gobierno por decreto puede tanto restringir como aumentar los espacios de debate en una democracia. A diferencia, por ejemplo, de la decisión unilateral de Obama de comprometer la fuerza militar contra el ISIS en Siria e Irak, atender el sufrimiento de millones de indocumentados solamente puede interpretarse como un gesto humanitario positivo que refuerza en lugar de socavar la defensa de los valores democráticos.