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Las líneas rojas son un instrumento político de tipo coercitivo que busca prevenir determinadas conductas so pena de algún tipo de sanción o castigo.
Para que sean creíbles, quien las traza debe estar dispuesto a materializar la amenaza interpuesta una vez se crucen. En agosto de 2012 el presidente Barack Obama advirtió que el uso de armas químicas en Siria cruzaría tal línea. Aunque desde entonces hay evidencias de varios ataques (del régimen y de los rebeldes) con gas sarín, el que fue ordenado el pasado 21 de agosto en Damasco, aparentemente por Bashar al Asad, marcó para Estados Unidos el punto de no retorno.
Según el secretario de Estado, John Kerry, este ataque, en el que murieron unas 1.400 personas —muchas de ellas niños cuyas imágenes mutiladas dieron vuelta al mundo—, constituye una “obscenidad moral”. Sin duda lo es. Pero no deja de ser irónico que el mismo país que no ha considerado suficientemente repugnante la muerte de 100.000 personas y el desplazamiento y éxodo de otros seis millones (un tercio de la población de Siria) para tomar medidas más afirmativas, ahora pretende tomar la vocería de la conciencia mundial.
Más absurdo aún, habiendo invocado Obama la metáfora de la línea roja, se dice que la credibilidad estadounidense exige tomar acción, pese a que el operativo “limitado” que se ha planteado no obedece a objetivos claros, no cuenta con el consenso internacional, ni el aval del Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual lo torna ilegal, y corre el riesgo de aumentar la crisis humanitaria dentro de Siria y de alborotar el avispero vecinal.
Mientras que el veto de Rusia y China a cualquier acción militar en Siria imposibilita su autorización por parte de la ONU, la negativa del Parlamento británico y de otros actores, como la OTAN y la Liga Árabe, también dificulta la creación de una “coalición de voluntades” por fuera de ella (aun con Francia a bordo). Asimismo, los estados que respaldan a Al Asad (Rusia, China, Irán, Egipto, Líbano, Jordania e Irak) y a distintos sectores de la heterogénea oposición (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Arabia Saudita, Turquía, Catar e Israel), varios militarmente, actúan en función de complejos e incompatibles intereses comerciales, geoestratégicos, ideológicos y fronterizos.
La intervención militar en conflictos ajenos no sólo empeora la situación en el interior del país intervenido, sino que se queda corta a la hora de dictaminar el desenlace político de aquéllos. Un ataque estadounidense a Siria podría acrecentar la inestabilidad y los costos humanos de la guerra. Además, en un contexto caracterizado por elevadas tensiones con Rusia y por la expectativa de países como Irán e Israel sobre lo que se avecina, lo que hace (o no hace) Washington puede ser determinante de lógicas que trascienden la situación siria. En consecuencia, la única “solución” viable es la diplomacia. La coyuntura actual, caracterizada por la confirmación del uso de armas químicas, una tragedia humanitaria de proporciones históricas, un relativo empate militar y el derrame del conflicto hacia otros países, hace del cese al fuego y la salida de Al Asad una opción no inverosímil. Así, no es inconcebible que mientras el Congreso estadounidense estudia el operativo impuesto por la desafortunada línea roja trazada por Obama, los líderes mundiales busquen en la reunión del G-20 en San Petersburgo una salida más inteligente.