La respuesta es Colombia

 El informe de la OEA sobre las drogas avala positivamente el uso de estrategias alternativas en la lucha contra las drogas ilícitas. La Alianza del Pacífico ha sido celebrada mundialmente como la iniciativa de asociación comercial más prometedora que existe en América Latina hoy. La visita del vicepresidente Joe Biden ha permitido ratificar el apoyo de Estados Unidos al proceso de paz colombiano y el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral caracterizada por un asocio estratégico. Y los titulares internacionales elogian al país como paraíso para la inversión extranjera, que recorre un “milagroso” camino hacia la seguridad y la prosperidad, y que es un “modelo” a exportar a regiones azotadas por la violencia narcotraficante, como Centroamérica y África Occidental.

Desde su boom minero, sus altos retornos sobre la inversión, su apertura comercial, su know-how en seguridad y sus posiciones aparentemente de vanguardia frente a la lucha contra las drogas, hasta sus paisajes exóticos, “la respuesta es Colombia”, como reza la nueva marca país. Pero más allá del progreso en indicadores tales como homicidios, secuestros, actos terroristas y presencia territorial de actores violentos, comprender lo que para muchos es un prodigio exige tener de presente el discurso que se ha construido en torno a la “historia de éxito” de Colombia. La representación internacional de una nación que “regresó” del precipicio del colapso estatal y la anarquía interna ha fundamentado la política exterior desde el segundo gobierno de Álvaro Uribe. Mientras que el encuadre empleado por éste tenía un tinte antiterrorista y provinciano (como ocurrió con los tres “huevitos”), en Santos adquirió un sabor más cosmopolita al incorporar factores como la gobernabilidad democrática, derechos humanos, pobreza, desigualdad y ahora paz.

Al perfeccionarse la “historia de éxito” ésta ha gozado de mayor aceptación mundial durante el gobierno Santos que anteriormente. Sin embargo, su efectividad no sólo es función de cómo se enmarca y se comunica al exterior, sino del grado en el que esta narrativa es aceptada y no contrarrestada por otros actores (como las ONG) ni por la realidad misma. Se nos anuncia, por ejemplo, el inminente ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cuando la misma OCDE opina que el boom minero amenaza con aumentar la brecha de riqueza y el deterioro ambiental; que es preocupante el tamaño del empleo informal; que hay baja productividad laboral por los niveles inferiores de educación; y que la desigualdad es de las peores del mundo. Los índices internacionales de competitividad y corrupción, por su parte, sugieren que en ambas categorías de “buenas prácticas” Colombia va en descenso. De forma similar, predicar la seguridad y la reducción de la influencia criminal riñe con realidades locales como las de La Guajira, Nariño y la Costa Pacífica, y con la restringida libertad de prensa que recientes amenazas y atentados a periodistas han puesto de manifiesto.

Discursos como la “historia de éxito” y “la respuesta es Colombia” tienen el fin (legítimo) de persuadir y posibilitar determinadas decisiones y cursos acción. Justamente por ello hay que ser agnósticos y considerar otros discursos complementarios o incluso disidentes.