Lecciones del problema limítrofe

Más significativo que el error en las formas, se desaprovechó una oportunidad invaluable para presentar ante la opinión pública lo que ha sido uno de los aspectos más rescatables de la política exterior colombiana: el manejo profesional y coherente que ha tenido el litigio ante la Corte Internacional de Justicia. Como en ningún otro ámbito de las relaciones externas del país —que en su mayoría han sido presas de los intereses de cuatrienio de los distintos gobernantes, así como de las presiones clientelistas—, ha existido frente a este problema una genuina política de Estado en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido el principal protagonista y un respaldo unánime de todo el espectro político nacional. Más aún, en contraposición a la tendencia general de valorar la ‘amistad’ por encima de otros criterios a la hora de repartir la torta diplomática, en cuanto al diferendo lo que más ha pesado es la experiencia y el conocimiento experto.

Sin duda, esta aparente anomalía (positiva) se explica por la importancia neurálgica que reviste el tema para los intereses nacionales de Colombia. Una decisión desfavorable en La Haya afectaría los límites marítimos del país —que ha construido con clarividencia a lo largo de los años— y su posicionamiento geoestratégico en el Caribe, así como su control sobre los recursos pesqueros y petroleros de la zona. De allí que el cortoplacismo y particularismo que típicamente caracterizan la política exterior sean considerados demasiado riesgosos y costosos en relación con lo que está en juego en el archipiélago.

Pese a sus fortalezas, el manejo del diferendo con Nicaragua adolece de otro defecto común —el secretismo y la falta de comunicación con la sociedad—, el cual, tratándose de un problema que afecta a “toda la Nación”, es aún más grave en este caso. Si bien la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores ha sido consultada en numerosas oportunidades por decisión del Ejecutivo, han sido limitados los esfuerzos gubernamentales por informar a los ciudadanos sobre los aspectos básicos del proceso en La Haya, escasos los detalles ofrecidos sobre la estrategia colombiana, y nulos los espacios de diálogo y retroalimentación con distintos actores sociales, sobre todo los más afectados, los pobladores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Es el caso, por ejemplo, del movimiento raizal, cuyos reclamos, que no incluyen ni el deseo de unión con Nicaragua ni la separación de Colombia, no han sido escuchados de forma adecuada. De conocerse más detalles sobre el problema limítrofe y de sentirse mayores partícipes en la defensa de los intereses nacionales, tal vez expresiones como “tenemos que tener la mente en que cualquier cosa puede pasar” nos cojan menos por sorpresa.