No es de poca monta

En el comunicado conjunto del Gobierno y las Farc-EP se destacan varios elementos. Primero, hay un cambio positivo en la visión que se tiene del narcotráfico, así como de su relación con el conflicto armado. Al tiempo que se diferencian estos dos fenómenos, se reconoce que las drogas ilícitas atraviesan y alimentan la guerra interna. En cuanto al narcotráfico, se reivindica una “nueva visión”, más acorde con los debates mundiales actuales, basada en la evidencia empírica, y que distingue entre el tratamiento del consumo y los cultivos ilícitos, y el combate al crimen organizado. A su vez, se señala que el carácter transnacional del problema exige una suerte de responsabilidad colectiva mundial y el diseño de soluciones compartidas.

Segundo, el acuerdo plantea varias políticas alternativas, entre ellas el tratamiento del consumo como problema de salud pública; la suscripción de acuerdos de sustitución y no siembra de coca con las comunidades, el uso de la aspersión aérea (término ausente en el papel) solamente como último recurso, el desminado del territorio nacional y el reforzamiento de la lucha contra el crimen organizado, el lavado de activos y la corrupción.

Aunque las Farc-EP no conceden la existencia de elementos criminales entre sus filas, se comprometen a poner fin a cualquier relación que “en función de la rebelión” hayan tenido con las drogas ilícitas, lo cual constituye una admisión implícita sin precedentes de su participación en el negocio.

En reconocimiento de lo anterior, tanto los medios como distintos actores internacionales, entre ellos la ONU, la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos, han celebrado el acuerdo como un paso fundamental hacia la paz y la seguridad, destacando además sus eventuales beneficios para América Latina. A esto se suma el respaldo colectivo de 245 legisladores de Estados Unidos, Gran Bretaña e Irlanda al proceso de paz suscrito el 13 de mayo.

En el caso específico de Washington, cuya posición pesará sobre cualquier cambio de política que se llegara a adoptar en Colombia, es motivo de optimismo la neutralidad con la cual el comunicado oficial del Departamento de Estado trata el espinoso tema de la fumigación, así como su silencio frente a la extradición. En contraposición a esta flexibilidad aparente, el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga no sólo ha afirmado que congelará las negociaciones con la guerrilla sino que no admitirá negociación alguna sobre las drogas ilícitas con una organización que aún tilda de “narcoterrorista”.

Aun si la paz se firma, la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas pasa por innumerables obstáculos, entre ellos la falta de control de las Farc sobre algunos de los eslabones más lucrativos del negocio. Pese a ello, el acuerdo suscrito en La Habana, así como su recepción entusiasta a nivel mundial, constituyen dos pasos inconfundibles en la dirección correcta.