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En medio de la lucha del mundo occidental contra el Estado Islámico, la crisis en Siria y la diplomacia nuclear con Irán, el conflicto entre Israel y Palestina ha quedado relegado a un plano secundario.
Pese a ello, el aumento reciente en la violencia así como el endurecimiento de las políticas de seguridad israelíes ponen de relieve su volatilidad. La espiral actual de tensiones se originó en la agresión policial contra los ocupantes de la mezquita al-Aqsa, ubicada en el complejo Al-Haram al-Sharif en la parte antigua de Jerusalén (lugar sagrado para musulmanes y judíos por igual) y las restricciones previas al acceso palestino como “medida cautelar” por la celebración del año nuevo judío.
Ante la escalada violenta, que cobró la vida de una pareja de colonos judíos (y la de varios menores palestinos), el primer ministro Benjamín Netanyahu prometió “una lucha hasta la muerte contra el terror palestino”. Esta consiste en la intensificación de operativos militares en Jerusalén Este y Cisjordania, y la demolición de las propiedades de los sospechosos de “actos terroristas”, medidas que recuerdan a la Operación Escudo Defensivo contra la segunda intifada en 2002. Además de polémica, la estrategia confirma que desde la perspectiva israelí, el proceso de paz y la “solución de los dos Estados” se encuentran en un punto muerto.
Por su parte, aunque el reconocimiento mundial de Palestina, su participación en distintos organismos internacionales y la reciente izada de su bandera en las Naciones Unidas son simbólicamente importantes, han servido poco para mejorar la situación vivida de la población palestina. Una encuesta realizada en septiembre por el Palestinian Centre for Policy and Survey Research en Cisjordania y Gaza refleja el creciente escepticismo de la opinión pública. Mientras que 51% se opone a la solución de los dos Estados, 65% la considera inviable dada la política de asentamientos de Israel en los territorios ocupados. Igualmente diciente, el apoyo a una nueva intifada armada ante la imposibilidad de una negociación de la paz ha crecido a 57%, aunque 63% también respalda la resistencia no violenta.
Si bien Netanyahu y la extrema derecha han querido representar la violencia suscitada por el episodio de al-Aqsa como un asunto de terrorismo religioso frente al cual el Estado judío tiene el derecho de librar “una guerra total”, describir el conflicto en estos términos no solo obstaculiza cualquier solución pacífica sino que oscurece sus raíces. En cambio, reconocerlo por lo que es, una lucha política, colonial y territorial en la cual Israel ha ejercido dominio y represión sobre Palestina como poder colonizador y ésta ha buscado liberarse por distintos medios, permite afirmar que la descolonización y la restauración de los derechos del pueblo palestino son la única alternativa posible. La cuestión es si lo anterior se logra mediante una negociación binacional, que sería lo ideal, o el direccionamiento del legítimo descontento palestino hacia una nueva intifada armada o una lucha popular no violenta por los derechos civiles y la igualdad.