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El aumento dramático de los cultivos de coca y de la producción de cocaína en Colombia ha comenzado a colmar la paciencia de Estados Unidos con quien describe como su principal amigo y socio en el hemisferio occidental. Más allá de alertar sobre la “renarcotización” de la agenda bilateral –como si esta no fuera absorbida ya por drogas ilícitas, crimen organizado y seguridad– esta situación pone de manifiesto las limitaciones de una estrategia externa basada en la asunción voluntaria del rol de peón.
Las relaciones colombo-estadounidenses desafían la sabiduría convencional sobre la política exterior, que reza que la conducta de un país debe cambiar con alteraciones en el contexto nacional e internacional. En cambio, desde la firma del Tratado Urrutia-Thompson hace más de un siglo, y en un espectro amplio de temas — incluyendo el comercio, la economía, las finanzas, el comunismo, el narcotráfico, el terrorismo y la seguridad — la alineación y colaboración entre Bogotá y Washington nunca se han roto, incluso en periodos de discordia y tensión. Además de aceptar y racionalizar la subordinación ante Estados Unidos por la asimetría existente entre los dos países, ha primado entre las élites políticas, económicas y de la fuerza pública (al menos desde su participación en la Guerra de Corea), la convicción de que acrecentar la proximidad con la “estrella polar del norte”, aún como súbdito, es positivo, lo cual hace de Colombia un caso sui generis en América Latina.
Haciendo de abogada del diablo podría argumentarse que la estrategia colombiana ha generado réditos. Además de garantizar la ayuda económica y militar de Estados Unidos, en el pasado reciente también redundó en su compromiso con el fortalecimiento institucional, la creación de capacidades estatales en seguridad y la paz, sin el cual difícilmente estaríamos hablando del posconflicto. Colombia ha desempeñado funciones políticas, económicas y policiales-militares en la región y el mundo, claves para los intereses estadounidenses -los cuales han coincidido con los propios, según la perspectiva de los tomadores de decisión- y en contraprestación, ha adquirido incluso margen para discrepar de las posiciones de su patrón, como ocurrió durante el gobierno de Santos en el caso de la fumigación de la coca y la “guerra” contra las drogas.
El problema es éste. Al no invertir históricamente en la búsqueda de autonomía, ni la reducción de la intromisión de Washington en los asuntos internos colombianos, sino todo lo contrario, seguimos tan dependientes hoy de Estados Unidos como en el pasado. Aun cuando el país disfruta de un estatus de aliado que le ha permitido satisfacer algunos objetivos nacionales, ser peón por elección genera vulnerabilidad ante los vaivenes de la política estadounidense y las agendas externas del patrón. En la coyuntura actual, caracterizada por el endurecimiento del discurso de Trump sobre las drogas y el crimen organizado, la posible reducción de la ayuda para Colombia, y la implementación del acuerdo de paz, algunos de cuyos puntos pueden ser percibidos como contrarios a los intereses estadounidenses, los costos pueden llegar a ser muy altos.
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