¿Quién controla a la inteligencia?

La función básica de los servicios de inteligencia es recolectar y analizar información sobre posibles amenazas contra el Estado y la población, y entregarla a los gobiernos civiles para que éstos puedan desarrollar políticas de seguridad efectivas. Sin embargo, el hecho de que mucho de lo que se conoce como “inteligencia” es por naturaleza secreto hace que el control sea más difícil que en otros ámbitos de la política pública. La cultura del secretismo típica de este sector plantea el riesgo adicional de que quienes laboran en él cometan actos ilegales o éticamente cuestionables. La democracia misma puede peligrar en la medida en que el derecho a la privacidad es irrespetado y los derechos humanos violados. Igualmente, la tentación de quienes ocupan el poder Ejecutivo de manipular la inteligencia en función de agendas políticas propias, como ocurrió en el caso del DAS, es grande.

Después del 11 de septiembre de 2001 y la declaración por parte de Estados Unidos y otros países de la “guerra contra el terrorismo”, una mentalidad de “peligro latente” se apoderó de muchos gobiernos, llevando a la idea de que la simple posibilidad de un ataque terrorista justificaba violar la ley nacional, los acuerdos internacionales y las libertades civiles. Como reflejo de ello, según la Federación de Científicos Americanos, entre 2001 y 2012 solamente 10 de las más de 15.000 solicitudes de recolección de inteligencia presentadas a la corte federal estadounidense encargada de procesarlas fueron rechazadas.

Como sugiere el escándalo de la NSA de Estados Unidos, el control democrático de la inteligencia se ha tornado más sensible en el mundo de hoy por varios motivos. Primero, la capacidad tecnológica para realizar este tipo de labores se ha disparado. Segundo, los poderes especiales otorgados a los servicios de inteligencia y, con estos, el peligro de extralimitación de sus funciones han aumentado exponencialmente.

Tercero, los niveles de politización de la inteligencia también han crecido. Entre las estrategias adoptadas por la mayor parte de los países del globo para hacer frente a este problema se incluyen la adopción de mecanismos de control por fuera del Ejecutivo y la delimitación estricta y estrecha del mandato y las funciones de los servicios de inteligencia.

Pese a que en Colombia la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia establece un marco jurídico que delimita el papel del sector, fija como parte integral de su misión la protección de los derechos humanos y otorga al Congreso un mayor papel de control, el caso Andrómeda demuestra que las condiciones para hacer una veeduría efectiva de las labores de inteligencia en el país no existen, y eso es grave.