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Traición a la patria son palabras mayores, referentes a un delito de tal gravedad que en algunas partes del mundo es castigable con la pena de muerte.
Un traidor no es un criminal común y corriente sino uno que comete actos deliberados que elevan la causa del “enemigo” por encima de la de su propio país con el fin de causar daño. Por ello, las reglas del discurso político, sobre todo en una democracia, exigen que “traidor” y “traición” sean utilizados con extrema precaución, sólo en casos excepcionales y jamás para describir una conducta que desagrada a quien gobierna.
Aunque así se refirió la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, al acto de filtrar información sobre la estrategia de Colombia frente al fallo de la Corte Internacional de La Haya, las implicaciones políticas de tal aseveración pasaron totalmente inadvertidas. Este tipo de retórica (que recuerda la era Uribe) tiene el efecto de deslegitimar y censurar posiciones distintas a las oficiales y forzar consensos en torno al “interés nacional”. Para la muestra, de un momento a otro tanto medios de comunicación como muchos creadores progresistas de opinión han terminado alineándose con la posición del gobierno Santos y validando la necesidad de proteger la soberanía colombiana a como dé lugar.
Al representar la situación en la que Colombia se encuentra con Nicaragua como de “vida o muerte”, los voceros del Estado construyen a priori el interés nacional y las acciones que hay que tomar para defenderlo. Una revisión de la información oficial y mediática en torno al diferendo permite apreciar la narrativa dominante que se ha creado desde el anuncio del fallo. La conducta de Nicaragua se describe como agresiva, expansionista, depredadora y tramposa. En su columna en El Tiempo, por ejemplo, el exministro de Defensa Gabriel Silva asemeja la actitud nicaragüense con la del “matón del barrio” que sólo responde a posiciones de fuerza. Incluso, compara a Daniel Ortega con Hitler, con lo cual dota la disputa fronteriza de un peligro extraordinario.
En contraposición a ello, Colombia suele representarse como pacífica, transparente y víctima —junto con otros países, como Costa Rica, Honduras, Jamaica y Panamá— de las pretensiones de Nicaragua sobre el Caribe, lo cual conlleva “naturalmente” la necesidad de defenderse y de unirse en contra del victimario común. Empero, como lo demuestra Laura Gil en su columna del 30 de abril en El Tiempo, el dominio colombiano en el Caribe es producto de una agresiva estrategia de balance de poder que ha combinado el ejercicio de facto de soberanía con la negociación de límites marítimos con terceros (aunque los existentes con Costa Rica y Honduras no tienen vigencia). Para esto, el mito del meridiano 82, que nunca fue un límite internacional legalmente constituido, ha sido fundamental.
La invocación conjunta de términos como “traición” e “interés nacional” obstaculiza el debate público e imposibilita la formulación de soluciones alternativas, en especial cuando éstas contradicen la representación dominante de la situación. Tristemente, ésta nos indica que un “matón” como Nicaragua no entiende razones y que por eso es imperativo mostrarle los dientes e, incluso, encontrar una fórmula que permita al tiempo acatar el fallo de La Haya formalmente —para aquello de las apariencias internacionales— y desacatarlo en la práctica.
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