Transparencia en defensa

Mediante la divulgación de información sobre el gasto militar, los estados se someten al escrutinio de la sociedad y comunican sus intenciones pacíficas a vecinos y posibles adversarios. Ello redunda en un aumento de la seguridad propia al reducir una de las fuentes principales de conflicto en las relaciones interestatales: la incertidumbre. La eliminación de la desconfianza, a su vez, resulta indispensable para que la cooperación madure.

El Registro Sudamericano de Gastos en Defensa, presentado por la secretaria general de Unasur, María Emma Mejía, constituye un logro positivo en este sentido. Al adoptar una definición común del gasto en defensa y una única metodología para la presentación de los datos de los países miembros, se amplía el detalle, la confiabilidad y la comparabilidad de la información, todos aspectos centrales para que la transparencia tenga los efectos deseados.

Ante el aumento en el presupuesto militar de la subregión —que en términos porcentuales fue el más alto del mundo en 2010— y las especulaciones sobre el inicio de una carrera armamentista, ha quedado demostrado que el gasto sudamericano como porcentaje del PIB es comparativamente bajo, y que en general obedece a fines distintos al antagonismo intrarregional, entre ellos la búsqueda de una mayor influencia internacional (Brasil), la modernización del aparato militar (Chile) y el manejo del conflicto interno (Colombia). Además, a diferencia de otros países, los de América del Sur dedican la mayor parte de su presupuesto al pago de salarios del personal militar y no a rubros como investigación y desarrollo, lo cual refleja un desinterés en potenciar sus propias industrias militares.

Sin duda, la búsqueda de transparencia sufre de deficiencias que limitan su efectividad. Primero, el control legislativo y el de la sociedad civil son deficientes, en gran medida porque el ámbito de seguridad y defensa sigue considerándose ‘excepcional’ en comparación con el resto de la política pública. Segundo, algunos Estados continúan brindando información incompleta sobre sus gastos en defensa. Tercero, el gasto militar ‘oculto’, proveniente de ingresos distintos al presupuesto del Estado, no se reporta en su totalidad. Es el caso de los ingresos de las Fuerzas Armadas provenientes de actividades económicas directas y de los recursos naturales, la ayuda militar extranjera, y el uso de préstamos para financiar las compras de equipos y armas.

Por más imperfectos que sean, mecanismos como el Registro Sudamericano ayudan a mitigar la desconfianza y las tensiones que todavía persisten en la subregión y a cimentar un sentido de comunidad en el que los países dejen de percibirse mutuamente como amenazas y comiencen a combatir problemas compartidos, como el crimen organizado, de forma colectiva. Quienes opinen, en cambio, que ser ‘transparente’ frente al gasto militar es lo que menos le conviene a Colombia —porque pone en peligro ‘secretos de Estado’ sobre el conflicto armado o porque otros países como Venezuela no lo son en igual medida— siguen viendo la seguridad y defensa a través del lente miope del pasado.