Túnez, bajo prueba

Sin embargo, desde la inmolación del vendedor ambulante tunecino que dio inicio al “despertar árabe” de 2011, allí se viene jugando la suerte de la democracia en Oriente Medio y el norte de África, y su coexistencia con el islam político. A diferencia de Egipto, Libia, Yemen y Siria, que a cuatro años de las revueltas populares han retrocedido al autoritarismo, la violencia sectaria, la descomposición del Estado o la guerra civil, Túnez ha completado un ciclo inicial de transición, que aunque imperfecto, ha dado para elegir una asamblea constituyente, redactar una nueva Constitución, adoptar un esquema de justicia transicional, castigar a los responsables de actos de brutalidad durante la “revolución jazmín”, realizar elecciones parlamentarias y presidenciales, y construir gobiernos de coalición entre partidos islamistas y seculares.

En buena medida, el éxito del caso tunecino se halla en la desmitificación de la idea de que el islam político y la democracia son antagónicos. Aunque se trata de un experimento aún en construcción, contrasta con países como Egipto —en donde la llegada al poder de la Hermandad Musulmana provocó un golpe de Estado— la coexistencia entre un tipo moderado de islamismo que acoge la competencia electoral, el Estado de derecho, el pluralismo y la igualdad de género, y un ejercicio democrático que trata de ser tolerante e incluyente de distintas expresiones políticas.

Pese a lo anterior, si el origen principal del “despertar árabe” fue principalmente el descontento popular con la pobreza y la desigualdad, la represión política, la marginalización de los jóvenes, la corrupción y en general el “mal gobierno”, el contexto posrevolucionario en Túnez, por más estable en términos comparativos, no está exento de nuevos brotes de protestas e inestabilidad. Las leves mejorías logradas en la situación económica y financiera del país después de la incertidumbre provocada por las revueltas y el posterior derrocamiento del dictador Ben Alí no han permitido aliviar la desigualdad y el desempleo juvenil —que oscila alrededor de 30%— ni contrarrestar la reducción en los subsidios públicos, producto de un acuerdo que el primer gobierno de transición tuvo que firmar con el Fondo Monetario Internacional. A su vez, el hecho de que los yihadistas tunecinos representan el mayor número de combatientes extranjeros en el Estado Islámico, en conjunto con la volatilidad de las fronteras compartidas con Argelia y Libia, resaltan los problemas considerables de (in)seguridad que enfrenta Túnez.

Ataques como el del Museo Nacional Bardo —en pleno corazón de la capital, frente al Parlamento y con nefastos efectos sobre el turismo— ponen a prueba la transición tunecina. Siempre y cuando el nuevo presidente electo, Beji Caid Essebsi, del partido secular, Nidaa Tounes, mantenga un discurso de unidad nacional, asegure el pluralismo político y religioso, combata el extremismo, garantice la seguridad económica, adopte políticas redistributivas y evite la tentación de adoptar medidas de mano dura frente a los grupos islámicos, en respuesta al terrorismo yihadista, hay motivos para pensar que este experimento con islamismo político seguirá siendo viable.