Un modelo «subversivo»

Este episodio, de los más terroríficos de la historia mexicana reciente, se suma a otros en los que miembros de la fuerza pública, actuando solos —como en Tlataya, en donde ejecutaron a 22 presuntos delincuentes— o en cooperación con organizaciones criminales, cometen actos de violencia que solamente pueden considerarse crímenes de Estado. La desfachatez con la que el presidente Enrique Peña Nieto, desde la sala VIP del aeropuerto de Anchorage, de camino a China, hizo un llamado a la justicia y en contra de la violencia, invita más a la indignación nacional y mundial.

Más allá de un doloroso símbolo de la impunidad estatal, Ayotzinapa ejemplifica el drama de las escuelas normales rurales en México. En los medios de comunicación y el discurso oficial, éstas suelen representarse como reliquias del pasado —el sistema normalista fue creado en los años 20 con el fin de construir identidad nacional (revolucionaria) entre la población, en su mayoría campesina e iletrada—, o peor, centros de adoctrinamiento ideológico. Además de gratuitas, y aunque cada día menos, la manutención en las escuelas rurales es subsidiada, y al graduarse se les garantiza a sus egresados —campesinos jóvenes capacitados tanto para alfabetizar como para aportar en las labores del campo— algún trabajo en la educación primaria. Tal y como se anuncia a la entrada de Ayotzinapa, los maestros en formación siguen considerándose hoy los guardianes de la conciencia social mexicana.

En 1969, un año después de la masacre de Tlatelolco —a cuya conmemoración se dirigían los normalistas el 26 de septiembre, cuando los buses en los que se movilizaban fueron abatidos por la Policía—, el presidente Gustavo Díaz Ordaz cerró la mitad de las rurales por considerarlas semilleros de la guerrilla. Cuarenta y cinco años más tarde, algunos reproducen con el mismo cinismo el cuento de que algunos de los de Ayotzinapa pueden haber sido “narcoguerrilleros normalistas” al servicio de los Rojos, la principal banda enemiga del grupo narcotraficante Guerreros Unidos.

Independientemente de su contenido ideológico y sus posibles deficiencias operativas, un modelo que ofrece educación gratuita, que paga a los jóvenes pobres e indígenas (en muchos casos mujeres) para que estudien y que inculca entre sus egresados el pensamiento independiente y crítico, así como el deber social con la comunidad, desde el lente conservador y disciplinante del neoliberalismo, no es menos que “subversivo”. De allí que la agresión del Estado a los normalistas, en lugar de ser aislada y excepcional, haya sido una constante. Ayotzinapa fue el tercer hecho de violencia protagonizada por las autoridades policiales desde 2007.

Entre las propuestas que se escuchan para “modernizar” el sistema normalista rural, está la creación de escuelas técnicas de turismo o agroindustria que refuerzan a México como destino turístico o lugar de desarrollo de megaproyectos agrícolas al servicio del neoliberalismo. En Colombia, en donde no sólo hay un patrón similar de estigmatización de la acción contestataria y la protesta social, sino que, como lo advierte la ONG Oxfam, la reglamentación de la adquisición e uso de las tierras baldías del país puede desempoderar aún más al campesinado, la tragedia mexicana no nos es tan ajena.